Medios comunitarios argentinos contra las censuras del Gobierno

El actual Gobierno de Argentina ha implementado una política en materia comunicacional que beneficia en gran medida a los grupos mediáticos, como la extensión de licencias, facilidades para transferirlas y la flexibilización de límites en la concentración del mercado, entre otros.

En el decreto 267, publicado en enero de 2016, el Gobierno anunció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), quien será el encargado de regular la asignación de licencias a los medios de comunicación.

Posteriormente, el presidente Macri facultó al Enacom para "disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso" de medios de radiodifusión que no cumplan con la "normativa vigente".

Una de las reacciones por parte de los medios alternativos y comunitarios fue  el "microfonazo" de las redes populares en todo el país en mayo pasado, para "mostrar la realidad invisibilizada" tras el decreto 267.

“No se trata de un sector que no existe sino que tiene numerosas expresiones en todo el país y cumple la función de informar lo que ocultan los medios tradicionales", afirmó en su momento la periodista Natalia Vinelli.

Asimismo, algunos medios indicaron que estas acciones buscan tapar la represión, la falta de libertad de expresión, de prensa y demás violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país bajo la actual administración.

Un grupo de investigadores de cinco universidades nacionales difundieron un informe titulado "Regresión. Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina", donde destacan que las nuevas políticas comunicacionales contribuyen a profundizar la desventaja económica de los medios comunitarios con respecto a los medios privados.

Los medios comunitarios surgieron de forma ilegal durante la dictadura militar argentina con el fin de acompañar los reclamos de los movimientos populares, así como sus derechos comunicacionales.

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Durante el mandato de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó en 2005 una ley que permitió a personas jurídicas sin fines de lucro. Luego, se les reservó un tercio del espectro radioeléctrico, sin restricciones de financiamiento. 

Sin embargo, el trabajo describe que los progresos en ese sector sufrieron un cambio en diciembre de 2015. “Todas las políticas desarrolladas desde entonces se caracterizan por la persecución y el ahogo financiero, mientras el Estado incumple con su obligación de legalizar y fomentar a estas radios y televisoras”.

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En entrevista para teleSUR la analista argentina Stella Calloni explicó que "lo que está sucediendo en Argentina es grave, por un lado el desmantelamiento absoluto de país, una entrega total del país con el silencio de los medios de comunicación porque los manejan, siendo un 98 por ciento del Gobierno de Mauricio Macri".

Y agregó que "hay una persecución política, hay más de 3 mil periodistas despedidos por temas políticos, hay chantajes de los gobernadores porque no les mandan dinero si no se alinean a su política, todo esto está sucediendo en medio de una campaña".