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Según las organizaciones, las cifras muestran que "el Estado incrementa la intensidad de la represión por motivos políticos" ante la voluntad de los defensores de DD.HH.

Según las organizaciones, las cifras muestran que "el Estado incrementa la intensidad de la represión por motivos políticos" ante la voluntad de los defensores de DD.HH. | Foto: Reuters

Publicado 30 agosto 2017

El comunicado de Comité Cerezo detalla que la desaparición forzada aumentó con respecto al 2016, mientras la detención arbitraria continúa contra quienes protestan por reformas estructurales.

Entre el 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, se registraron 1.442 agresiones, detenciones, asesinatos y desapariciones contra personas que defienden los derechos humanos en México, aseguró este miércoles la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo.

 Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, expresaron en un comunicado que sólo en los estados Chiapas y Oaxaca, ambos al suroeste del país, se cometieron dos violaciones a los derechos humanos durante ese lapso, mientras que a escala nacional, una persona fue agredida y dos más detenidos de manera arbitraria.

El registro llevado por las organizaciones revela que 579 defensores fueron agredidos, atacados, amenazados, hostigados, vigilados ilegalmente o seguidos, y más de la mitad de los casos, unos 372, fueron en Oaxaca.

Asimismo, 795 personas fueron detenidas arbitrariamente en el último año durante diversas protestas sociales. También expresaron que en la antigua administración se efectuaron unas 999 detenciones arbitrarias, pero a un año y medio de finalizar el mandato del actual presidente, se documentaron 2.426 detenciones.

En el mismo lapso, se registran 123 homicidios de defensores de derechos humanos y ocho periodistas que defendían el derecho a la libertad de expresión.

Finalmente, exigieron al Gobierno que "con la misma urgencia y fuerza que actúa contra quienes con sus acciones de protesta implican pérdidas económicas para el mercado, actúe en contra de aquellas personas o grupos de personas que con su trabajo hacen visible y comprueban que los actos de violaciones a los derechos humanos tienen como beneficiario último a los mismos agentes del estado" que, según ellos, están vinculados a través de diversas relaciones económicas ilegales y con "empresas que privatizan”.

>> CNDH exige investigar desaparición de adolescente mexicana


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