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El mismo día que dejó sin efecto las sesiones de la Cámara Baja se retractó de su decisión.

El mismo día que dejó sin efecto las sesiones de la Cámara Baja se retractó de su decisión. | Foto: Cámara de Diputados

Publicado 10 mayo 2016



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El presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, le comunicó su nueva postura al titular del Senado. 

La noche de este lunes el presidente en funciones de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhão, emitió un comunicado en el que revocó su decisión de anular la sesión del pasado 17 de abril en la cual fue admitido el pedido de juicio político contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff.

Medios locales informaron que Maranhão le comunicó su nueva postura al titular del Senado, Renán Calheiros, a través de un escrito. No dio explicaciones sobre el por qué de la misma. 

>> Rousseff afirma que no permitirá la interrupción de su mandato

El presidente en funciones de la Cámara baja, quien este lunes había dejado sin efectos las sesiones de los días 15, 16 y 17 de abril, recibió la amenaza de ser expulsado del Partido Progresista (PP) y perder el mandato. 

El dato: El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias. La solicitud pasó a ser analizada por una comisión especial de 21 senadores que el 6 de mayo aprobó con 15 votos a favor el informe de su relator, Antonio Anastasia, quien recomendó que el proceso avance hacia una probable destitución. 

La decisión del presidente interibo de la Cámara de Diputados, fue calificada por Calheiros como absolutamente intempestiva y siguió adelante en el Senado con el proceso en contra de la mandataria. 

En contexto: 

Waldir Maranhão se convirtió en el jefe interino de la Cámara de Diputados luego de la suspensión de Eduardo Cunha, quien está siendo investigado por sus vínculos con casos de corrupción en Brasil.

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.

La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.


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