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La Sala Plena del Consejo de Estado deberá decidir si acoge la ponencia que va salvando la investidura del senador.

La Sala Plena del Consejo de Estado deberá decidir si acoge la ponencia que va salvando la investidura del senador. | Foto: Colprensa

Publicado 27 julio 2016

El magistrado William Hernández asegura que no existen motivos para avalar las pretensiones de la acción presentada contra Cepada y que busca destituirlo. 

Una ponencia presentada por el magistrado William Hernández en el Consejo de Estado de Colombia solicita mantener la investidura del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, debido a que "no se probó que haya incurrido en conflicto de intereses".

Su argumento se basa en que no existen motivos para avalar las pretensiones de la acción presentada contra Cepeda y que busca que pierda su investidura. 

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Su destitución fue demandada por Fernando Almeda, miembro del Centro de Pensamiento Primero Colombia, quien consideró que Cepeda incurrió en una falta al haber convocado un debate de control de la parapolítica, en septiembre de 2014, al que fue citado el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez.

Hernández sostuvo que Cepeda acató lo ordenado por la Comisión de Ética del Congreso para que no hiciera mención directa sobre el expresidente y reseña que no existe relación entre los argumentos presentados en el debate y la denuncia radicada años antes por el entonces presidente en contra de Cepeda por delitos de injuria y calumnia. 

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La demanda presentada por Almeda asegura que el senador estaba impedido para realizar dicho debate en la Comisión Segunda por tener en su contra la acusación de injuria. 

En contexto 
La demanda presentada por el presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia en octubre de 2014 se argumentó que el congresista incurrió en una falta de "incompatibilidad" al celebrar un debate contra el senador Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales.
El caso ha generado un intenso debate porque según Almeda, el senador Cepeda incurrió en una omisión  para la realización del debate de control político.
El demandante considera que pese a los límites interpuestos por la Comisión se hizo mención directa del expresidente y se le relacionó directamente con el apoyo y consolidación de grupos paramilitares en Antioquia. 

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