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El presidente de Argentina, Mauricio Macri sigue impulsando nuevos decretos en contraposición al kirchnerismo.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri sigue impulsando nuevos decretos en contraposición al kirchnerismo. | Foto: Reuters

Publicado 29 diciembre 2015

El decreto del nuevo presidente argentino, deja sin efecto aquellos aspectos de las leyes del Código Procesal Penal aprobadas por la expresidenta Cristina Fernández. 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprobó por decreto de “necesidad y urgencia”, la suspensión del Código Procesal Penal en ese país, lo que implica que las investigaciones se harán a través de la Comisión Bicameral de Montero a partir del próximo 1 de marzo. 

Macri obliga de esta forma que sean los fiscales quienes encabecen las investigaciones y que los jueces solo operen como garantes de los procesos judiciales.

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De acuerdo al nuevo decreto, se destinarían mayores recursos el Ministerio Público Fiscal que estará integrado por representantes de esa cartera, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo código y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacó Télam. 

EL DATO

El 5 de diciembre de 2015, expresidenta argentina  Cristina Fernández  anunció la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal en ese país, tras someterse a aprobación por la Cámara de Diputados, con los principales objetivos de dar celeridad a los procesos de investigación como combatir la inseguridad en el país y extraditar a los extranjeros que cometieran delitos así como, la descentralización de la justicia con el impulso de nuevas fiscalías. 

Esto sería una medida de presión contra la Procuraduría argentina y quien encabeza dicho organismo, Alejandra Gils Carbó, para que cese sus funciones dentro del mismo. 

El decreto 257/2015 conlleva a suspender las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras.

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Por otra parte, el mandatario argentino ordenó bajo decreto que sea la Corte Suprema de la Justicia de su país, la que quede a cargo de la investigación de escuchas telefónicas, a través del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom), dejando sin efecto las funciones que ejercía la Procuraduría. 

Para ello, se designará a un juez penal por sorteo, con duración de un año en su cargo quien encabece la investigación de las escuchas. 

En contexto

El decreto se da en el marco del sobreseimiento que otorgó el juez Sebastián Casanello, al dignatario argentino, quien fue vinculado a una serie de escuchas ilegales entre 2008 y 2010, cuando se desempeñaba como alcalde de Buenos Aires
Macri fue acusado por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita, relacionados al atentado la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrida en 1994. 

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