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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este jueves que solo espera justicia en el marco del respeto al estado de derecho democrático, por el caso de corrupción del cual se le acusa.
En un comunicado del Instituto Lula, el exmandatario indicó que pese a los episodios tristes y vergonzosos de las últimas semanas no lo harán dudar de la institución judicial.
"Tampoco me harán perder la esperanza en el juicio, equilibrio y sentido de la proporción de los ministros y de la Corte Suprema", señala el texto.
Da Silva reprochó el delito cometido por extracción ilegal del audio de una conversación entre él y la actual presidenta Dilma Rousseff.
Rechazó que la conversación extraída de forma ilegal se convierte en el objeto de juicios despectivos sobre su persona.
El Gobierno de Brasil rechazó este jueves que el juez encargado del caso Lava Jato, Sergio Moro, difundiera la conversación entre el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff, durante el nombramiento del líder político socialista como ministro de la Casa Civil.
En un comunicado, la presidencia afirmó que este hecho lesiona los derechos y garantías del Estado e indicó que adoptarán todas las medidas judiciales y administrativas para reparar esta violación de la ley y la Constitución.
Moro ordenó la tarde del miércoles divulgar en secreto una conversación en la que Rousseff sugiere un presunto intento de protección a Lula al enviarle la carta de asunción como ministro para evitar que fuera detenido.
El Ejecutivo aclaró que el documento fue remitido al exmandatario porque no había confirmación de si él asistiría o no este jueves al acto de toma de posesión junto a los ministros designados, y solo se usaría en caso de ausencia.
El jefe de Gabinete Personal de la Presidencia, Jaques Wagner, resaltó que la acción de Moro "traspasa todos los límites de la seguridad de Rousseff" y, además, busca "crear un hecho político negativo al interpretar los diálogos fuera de contexto".
La defensa de Lula calificó de arbitrariedad la actitud del juez federal y denunció que la divulgación de la conversación telefónica pretendía activar una convulsión social, lo cual no es función del Poder Judicial.
