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Las manifestaciones favorables al referendo han sido denunciadas por la Fiscalía española.

Las manifestaciones favorables al referendo han sido denunciadas por la Fiscalía española. | Foto: Reuters

Publicado 22 septiembre 2017

Las 14 personas detenidas el pasado miércoles por realizar los preparativos del referendo han sido puestos en libertad, pero quedan imputados por delitos de malversación, desobediencia y prevaricato.

Los funcionarios del Gobierno de Cataluña detenidos por orden judicial el pasado miércoles, fueron puestos en libertad este viernes, tras declarar ante el juez, quien los acusó de malversación, desobediencia y prevaricación por preparar el referendo del 1 de octubre en la región..

De esta manera, quedaron en libertad Josep Maria Jové, miembro del Departamento de Economía y hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno regional de Cataluña, Oriol Junqueras, y el secretario de Hacienda de ese departamento, Lluís Salvadó.

Asimismo, quedaron en libertad condicional otros cuatro detenidos que ya declararon, aunque todos con la obligación de comparecer semanalmente ante el juez. Por otra parte, los seis detenidos que pasaron a disposición judicial se acogieron a su derecho a no declarar.

En total, catorce personas fueron arrestadas el miércoles pasado en una operación ordenada por un juez de Barcelona para participar en los preparativos de la consulta popular convocada por el Ejecutivo catalán y suspendido por el Tribunal Constitucional español.

>> Gobierno catalán tiene planes de contingencia para el referendo

Ese mismo día, la Guardia Civil española, por orden judicial, incautó casi diez millones de papeletas para la consulta secesionista.

Estas detenciones y registros provocaron numerosas manifestaciones sociales en Barcelona, con miles de personas en la calle en apoyo a la realización del referendo y a la independencia de Cataluña.

Fiscalía española denuncia manifestaciones favorables al referendo

La Fiscalía General española presentó este viernes una denuncia en la Audiencia Nacional por sedición, tras los altercados producidos en Barcelona durante las protestas contra la operación policial que involucró la detención de 14 funcionarios del Gobierno catalán por la organización del referendo.

El documento presentado apunta a la responsabilidad en la movilización de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómniun, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El delito de sedición se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel.

El escrito, que será examinado por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, indicó que durante la noche del miércoles, "individuos que no han podido ser identificados, aprovechando la situación, pues ya se encontraban unas dos mil personas, pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcadas frente a la Conselleria de Economia, a fin de impedir su legítima actuación".

Según el texto, "voluntarios de la ANC, conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial, hicieron un cordón ante la puerta de la Consellería de Economía para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos" en aquella jornada.

Han sido reiteradas las acciones del Gobierno que preside Mariano Rajoy por impedir la ejecución de la consulta y todo lo que involucre a esta, incluidas una serie de detenciones y denuncias hacia aquellos que promuevan la realización del referendo.


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