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La criminalización de la lucha social lleva años en la zona, donde además hay decenas de presos políticos.

La criminalización de la lucha social lleva años en la zona, donde además hay decenas de presos políticos. | Foto: Animalpolítico

Publicado 9 enero 2018

Organizaciones sociales afirman que la violencia contra las comunidades "es una pequeña muestra de cómo se aplicará la Ley de Seguridad Interior" en el país.

A través de un comunicado de prensa publicado este lunes, organizaciones sociales campesinas agrupadas contra la hidroeléctrica "La Parota" en Guerrero, México, denunciaron al gobierno federal y estatal por persecuciones con resultado de asesinato y agresiones contra la comunidad en resistencia al proyecto.

El pasado domingo 7 de enero fueron asesinados dos policías comunitarios, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria CRAC-PC de la comunidad la Concepción, municipio de Acapulco, afirma el texto.

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Asimismo, acusan que 38 policías comunitarios de la CRAC-PC, entre ellos dos dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, fueron apresados tras un operativo del gobierno del estado de Guerrero en el que, además, atacaron viviendas y se realizaron ejecuciones extrajudiciales. 

"El actuar sangriento de los elementos castrenses violan todos los derechos humanos de quienes se organizan para mantener sus comunidades a salvo de la violencia" aseguran las organizaciones sociales, denunciando además agresiones y amenazas contra periodistas y fotoperiodistas presentes en el violento allanamiento. 

"Lo anterior es una pequeña muestra de cómo se aplicará la Ley de Seguridad Interior en contra de todo movimiento de resistencia y contra los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas", dice el documento.

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Los firmantes son el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón A. C.; el Colectivo de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo; las Familias de desaparecidos de Chilapa; las Familias de desaparecidos de Iguala; y las Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco.

Y exigen los siguientes puntos:

1. Libertad inmediata de todos los detenidos.

2.Garantías para el debido proceso y el derecho al acceso a la justicia.

3. Alto a la represión en contra del CECOP y el sistema de justicia Comunitario CRAC-PC.

4. Respeto a la labor de los comunicadores.

5. Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior.

Lee aquí el comunicado de prensa.


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