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La ley no habilita el autocultivo para familias, pero si a dos organismos del Estado a cultivar plantas para proveer a los usuarios.

La ley no habilita el autocultivo para familias, pero si a dos organismos del Estado a cultivar plantas para proveer a los usuarios. | Foto: The Washington Post

Publicado 29 marzo 2017

Los centros que integran la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos tendrán prioridad cuando el Estado argentino produzca el aceite de cannabis.

El Parlamento argentino convirtió en ley el proyecto que avala el uso medicinal de la marihuana, que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados en noviembre de 2016.

Tras una extensa sesión este miércoles, los senadores acordaron avalar la iniciativa con 58 votos afirmativos, sin previo debate en la Cámara, debido a que el proyecto recibió un extenso tratamiento y consenso en comisiones legislativas.

La norma garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de cannabis al habilitar su importación hasta que el Estado esté en condiciones de producirlo. Una vez que el Estado pueda producir la sustancia, tendrán prioridad los centros que integran la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.

"Ahora tenemos un marco legal en lo que es el uso para la investigación y tratamiento y producción en cannabis medicinal. No había nada en Argentina y fue lo que nosotros como madres y organización encontramos", explicó en el Congreso Ana María García, presidenta de Cannabis Medicinal Argentina (Cameda).

Además, la ley, que deberá ahora ser reglamentada, autoriza el cultivo de cannabis por parte del Consejo Nacional De Investigaciones Científicas y Técnicas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con fines de investigación y para elaborar la sustancia destinada a los tratamientos, pero sin habilitar el autocultivo para las familias.

Todavía no está definido cuáles serán las patologías que podrán ser tratadas con marihuana, pero se descuenta que será incluida la epilepsia refractaria, el cáncer, las polineuritis, la artrosis, entre otras. Está prevista la creación de un “registro nacional voluntario” y de un “consejo consultivo honorario” integrado por instituciones, asociaciones, ONG y profesionales del sector público y privado, indicó el portal Página 12.

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