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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, exigió al presidente venezolano Nicolás Maduro que revisara la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y pidió al Tribunal Supremo de Justicia aclarar si la sentencia que avala ese mecanismo constitucional está vigente en "el modelo de democracia participativa y protagónica de la Constitución de 1999".
Ortega Díaz pidió en su escrito entregado al TSJ una aclaratoria respecto a la reciente sentencia que afirma que no es necesario, ni constitucionalmente obligante, un referendo consultivo para la convocatoria de la Constituyente.
El artículo 348 de la Constitución Bolivariana de Venezuela señala: "La iniciativa de convocatoria a la ANC podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos, o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral".
Además, la iniciativa de convocatoria a la Constituyente está contemplada en los artículos 342, 343, 344, 345 y 346. Los antecedentes más cercanos se encuentran en el fallido intento de reforma en 2007 y la aprobación de una enmienda constitucional en 2009 para que se permitiese la reelección indefinida, en ambos casos la iniciativa provino del expresidente Hugo Chávez.
"Las interpretaciones leguleyas que se desarrollan sobre este tema están signadas por los termómetros políticos. No existe ni puede haber un consenso en la interpretación legal en circunstancias donde las visiones se encuentran sesgadas por la política", asegura el portal Misión Verdad en su artículo "¿Es constitucional que haya Constituyente sin realizar referendo?".
Posición de Ortega ante la Constituyente
La fiscal general instó al TSJ a aclarar si la sentencia que avala la Constituyente mantiene "vigencia al modelo de democracia participativa y protagónica de la Constitución de 1999".
En su opinión, los "venezolanos aprobaron la constitución de 1999 en un proceso de participación y consulta a través de referendos, por lo que no se puede ir hacia atrás al pretender vulnerar la progresividad de esos derechos, mediante una Constituyente en la que la participación popular se reduzca a su mínima expresión".
Ortega Díaz sostiene además que la ANC agravaría la crisis en el país y generaría desconfianza entre los propios ciudadanos", una similitud notable con las palabras del subsecretario adjunto para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental para la región Andina de EE.UU., Michael Fitzpatrick: "Este llamado a la Constituyente no ayuda y va a profundizar la crisis, creará más desconfianza en las partes y empeorará la situación".
La fiscal pronunció estas palabras amparándose en una posición institucional de "resguardo de los derechos de todos los venezolanos".
De ser cierta su postura Ortega Díaz debería haber acudido a la Comisión Presidencial nombrada para establecer las bases comiciales de la Asamblea Constituyente para presentar sus observaciones en defensa de los derechos de los venezolanos.
Sin embargo, Díaz no asistió a la reunión excusándose en una misiva que rechaza de plano la Constituyente bajo argumentos políticos que no tienen que ver con su posición institucional.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en conjunto con un grupo de intelectuales a favor de una "transición pacífica y democrática" en Venezuela respaldaron la postura de la fiscal.
Omisiones de la fiscal general ante el escenario violento en Venezuela
Los hechos violentos suscitados en las manifestaciones convocadas por la oposición venezolana desde abril que han dejado más de 90 muertos y miles de heridos fueron omitidos por la fiscal general.
Ortega Díaz omitió en sus declaraciones los asesinatos de ciudadanos venezolanos identificados o confundidos con el chavismo, el uso de niños en las manifestaciones violentas de la oposición, la destrucción de edificios gubernamentales, de sedes de empresas del Estado, el incendio de depósitos de alimentos de la red Mercal, así como de escuelas y centros médicos.
La fiscal evitó referirse a estos sucesos y silenció los recientes asedios a los hospitales maternos de El Valle en Caracas (capital), Carrizal en el estado Miranda y el incendio del CDI de Baruta, en el mismo estado gobernado por el opositor Henrique Capriles.
Las agresiones representan crímenes de lesa humanidad por ir dirigidos a la infraestructura sanitaria de acuerdo al Estatuto de Roma, suscrito por Venezuela y que señala como violaciones graves a la ley "dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares".
Díaz no hizo referencia a los fallecidos por francotiradores en los estados venezolanos Mérida y Miranda, entre los que se encuentran los tres trabajadores de la gobernación ultimados en la ciudad de Mérida y el oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Niumar Sanclemente, asesinado en San Antonio de los Altos en el estado venezolano de Miranda.
