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Las autoridades anticorrupción de Kenia finalmente presentaron cargos contra personas claves presuntamente involucradas en el caso de corrupción más grande del país: la compañía Anglo Leasing Ltd.
Quienes deberán presentarse ante la justicia son exministros de Finanzas, secretarios permanentes, altos funcionarios y empresarios, quienes negaron los cargos en su contra.
Este hecho es considerado un gran avance en la lucha del país contra la corrupción que llevan adelante la Comisión Ética y de Anticorrupción de Kenia (EACC, por sus siglas en inglés) y las autoridades suizas que trabajan juntos en el caso.
Anglo Leasing Ltd es una pequeña empresa establecida en Liverpool (Inglaterra), que se dio a conocer en Kenia a principios de 2004 cuando fue vinculada con 18 contratos estatales de seguridad fronteriza con un valor de más de 700 millones de dólares, que en algunos casos fueron adjudicados a entidades fantasmas.
Tras conocerce la noticia se estableció un caso legal en 2005 que no tuvo conclusión debido a la falta de evidencia.
El periodista John Githongo -que fue designado en el mandato de Mwai Kibaki (2002-2013) para luchar contra la corupción- argumentó que los contratos de seguridad fueron justificados por la guerra contra el terrorismo, tras el ataque simultáneo de Al-Qaeda en 1998 a las embajadas estadounidenses de Nairobi (capital de Kenia) y Dar es Salaam (Tanzania).
Sin embargo, muchos de estos contratos tenían costos exagerados y la mayoría no fueron cumplidos, como la implementación de un sistema seguro de emisión de pasaportes y un moderno equipo de seguridad y comunicación fronteriza. Aún así, cuando el Gobierno keniano fallaba en realizar el pago, rápidamente la compañía lo demandaba.
En cambio, los contratos fueron usados por funcionarios gubernamentales para enriquecerse, como es el caso de quienes enfrentan la justicia en la actualidad.
EN CONTEXTO
Kenia ocupa actualmente el puesto número 145 (de 174) en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014.
Sin embargo, medios locales informaron que la justicia keniana solo ha impuesto condenas con penas de cárcel en tres casos de corrupción durante los últimos tres años, pese a que la Comisión Ética y de Anticorrupción del país africano ha recibido nueve mil 465 denuncias en ese tiempo.
