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Tanto el presiente de la Generalidad depuesto por el Gobierno español, Carles Puigdemont como cuatro de los consejeros, son acusados por delitos de sedición y rebelión.

Tanto el presiente de la Generalidad depuesto por el Gobierno español, Carles Puigdemont como cuatro de los consejeros, son acusados por delitos de sedición y rebelión. | Foto: Reuters

Publicado 2 noviembre 2017

La orden de la juez es la de arrestar al Puigdemont y cuatro de los consejeros depuestos por el Gobierno español, quienes no acudieron a declarar en la Audiencia Nacional de Madrid.

La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela pidió este jueves a Bélgica que arreste al presidente de Cataluña destituido por el Gobierno español, Carles Puigdemont, y a los cuatro consejeros que le acompañan, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Lamela denegó la declaración por videoconferencia de los cinco exmiembros del Gobierno catalán que no han acudido para declarar como imputados y no se presentaron este jueves en la Audiencia Nacional en Madrid. Los políticos están acusados por los delitos de sedición y rebelión en relación a la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña.

>> Fiscalía española pide prisión para todo el Gobierno de Cataluña

Aunque los abogados de los imputados que están en Bélgica pedían que pudiesen declarar por videoconferencia desde Bruselas, su petición fue rechazada ya que no existe ninguna razón que justifique su ausencia en el tribunal, según la jueza.

La decisión de la jueza viene unas horas después de que la Fiscalía haya solicitado a Lamela que se cursara una orden de busca y captura internacional contra Puigdemont y el resto de consejeros destituidos que le acompañan.

Arresto de miembros del cesado Gobierno catalán

La magistrada de la Audiencia Nacional envió a la cárcel a ocho antiguos miembros del cesado Gobierno catalán, entre ellos el exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras.

Asimismo, los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó también fueron sentenciados a prisión.

Sin embargo, uno de los acusados que comparecía en el mismo juicio, el consejero de Empresa Santi Vila, quedó en libertad ya que dimitió antes de la declaración de independencia, y evitará el ingreso en prisión si aporta una fianza de 50.000 euros. 


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