La Corte Suprema de Justicia de Colombia solicitó este martes a una comisión de la Cámara de Representantes investigar a dos expresidentes del alto tribunal, supuestamente involucrados en un escándalo de corrupción.
Los investigados son los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, quienes presuntamente cobraron sobornos por ayudas en procesos relacionados con congresistas, según señaló el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, al recibir pruebas enviadas por la Fiscalía.
"La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en atención a la gravedad que revisten estos hechos le pide respetuosamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor", afirmó Fernández.
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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de agosto de 2017
Igualmente, se pidió investigar a los senadores Hernán Andrade, del Partido Conservador, y Musa Besaile, del oficialista Partido de la U, al igual que al excongresista Luis Alfredo Ramos, tras solicitud de la Fiscalía por los mismos hechos.
Por otra parte, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó varias "comunicaciones electrónicas y conversaciones" entre el exgobernador del departamento de Córdoba (norte) Alejandro Lyons con el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla.
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Moreno, quien actualmente está preso, es acusado de solicitar altas sumas de dinero a Lyons, a cambio de actuaciones del director de la unidad anticorrupción en los casos que el exgobernante regional enfrenta. Igualmente, Lyons es investigado por la Fiscalía porque durante su gestión como gobernador de Córdoba (2012-2015) habría sido pieza clave en el despilfarro de las regalías giradas por el Gobierno a ese departamento.
En ese sentido, Martínez señaló que en las comunicaciones interceptadas fueron nombrados Andrade, Besaile, Ramos, Bustos y Ricaurte.
El fiscal aseguró que en las grabaciones se escuchan "solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados (Moreno y Pinilla), en el ejercicio de su profesión, con anterioridad en el año 2017".