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Durante el mes de agosto de 1936, García Lorca se encontraba en Granada, proveniente de la ciudad de Madrid (lugar en el que residía), explica un documento, que añade que, en el lapso de pocos días, se practicaron dos registros en su domicilio.
La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, quien desde hace años investiga violaciones de los Derechos Humanos en España durante el franquismo, aceptó la denuncia hecho por la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
El presidente de la asociación, Emilio Silva, explicó este miércoles que la jueza aceptó el caso, también informó que ya ha enviado un exhorto a España para iniciar los trámites del proceso.
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El inicio de las investigaciones coinciden con el 80 aniversario del asesinato del poeta y dramaturgo nacido en Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada (sur de España), y tras el hallazgo de unos documentos que la asociación había custodiado.
La denuncia, fue formalizada el pasado mes de abril, y que trasladó a la jueza argentina a un relato que acreditaba de manera fehaciente las circunstancias de la detención y el asesinato de Federico García Lorca, a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado el 9 de julio de 1965.
El referido informe, que mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista sobre la muerte del poeta, señalaba que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como "socialista y masón", a la vez que le atribuye "prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi".
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