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Los exaltos funcionarios están acusados de obtener el 50 por ciento de ganancias de la defraudación aduanera.

Los exaltos funcionarios están acusados de obtener el 50 por ciento de ganancias de la defraudación aduanera. | Foto: EFE

Publicado 27 marzo 2016

El expresidente y la vicepresidente de Guatemala en los períodos 2012-2015 enfrentan cargos por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera

Un juez de Guatemala determinará si el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti deben enfrentar un juicio oral y público por los casos de corrupción que se les imputan.

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El titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, será el encargado de tomar la decisión en la audiencia a la que se convocó a los dos acusados por ser los líderes de la estructura de corrupción aduanera "La Línea", que defraudó millones de dólares al Estado guatemalteco, según la Fiscalía.

En esta audiencia, Gálvez deberá determinar si hay indicios suficientes para abrir o no un juicio oral y público en contra de los exfuncionarios. Esta etapa intermedia puede durar varios días.

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Pérez Molina y Baldetti, quienes renunciaron a sus respectivos cargos el año pasado tras develarse las pruebas del caso "La Línea", están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), además de contar con numerosas pruebas testimoniales, tienen un testigo "estrella", el empresario involucrado en el caso, Salvador Estuardo González, alias "Eco", quien acusa a Pérez Molina y Baldetti de recibir al menos el 50 por ciento de los negocios ilegales que cometieron.

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Ellos también cuentan con el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien estuvo prófugo de la justicia, pero ahora quiere colaborar y corroborar las declaraciones de "Eco", y responsabilizar a los dos exaltos funcionarios de todas las decisiones que se tomaban en la organización delictiva.

El dato
"La Línea" era una red compuesta por diversos tramitadores aduaneros que facilitaban pagar menos impuestos de lo establecido a la hora de ingresar las mercancías en Guatemala.

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En contexto

La red de defraudación aduanera "La Línea" operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala y permitió la entrada de al menos 500 contenedores de mercancía de manera ilegal.

Tales negociaciones fraudulentas ocurrieron por la complicidad de varios funcionarios, familiares y colaboradores cercanos al expresidente y la exvicepresidenta, acusados de ser los principales líderes de la organización. Además, lograron conseguir al menos el 50 por ciento de las ganancias.

Producto del escándalo de corrupción, la exvicepresidenta Roxana Baldetti renunció a su cargo en mayo de 2015, luego de que fuera arrestada el 8 de ese mismo mes. El expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), por otra parte, renunció en septiembre.

Hasta ahora se ha determinado que en la trama fraudulenta también estaban involucrados el entonces director de la SAT, Omar Franco; así como su predecesor, Carlos Muñoz; el director de Recursos Humanos y el jefe del sindicato. 


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