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Un informe sobre condenas por delitos de lesa humanidad mostró que de 593 causas se dictaron solo 175 sentencias.

Un informe sobre condenas por delitos de lesa humanidad mostró que de 593 causas se dictaron solo 175 sentencias. | Foto: EFE

Publicado 24 marzo 2017

"El cambio en el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad tiene relación directa con la cuestión ideológica de una gestión política", dijo el magistrado Carlos Rozanski. 

El juez argentino, Carlos Rozanski, denunció que el accionar del Gobierno de Mauricio Macri se asemeja a la gestión que llevaron los que dieron el golpe de Estado en 1976 y criticó la gestión en cuanto a los juicios por delitos de lesa humanidad.

El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla sustituyó a través de un golpe de Estado a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y se instauró entonces una dictadura militar.

"El modelo de país que se instauró contaba con dos ejes económicos: una brutal transferencia de los ingresos de los sectores populares a los más concentrados de la economía con la cual la participación de los trabajadores en el PIB pasó de 50 por ciento a 28 por ciento y el segundo eje fue el endeudamiento externo para fugar capitales", explicó la periodista y escritora argentina María Seoane.

Rozanski también señaló que: "El cambio en el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad tiene relación directa con la cuestión ideológica de una gestión política", enfatizó el magistrado y agregó que el camino emprendido desde el año 2003 produjo un acoplamiento entre los organismos de derechos humanos y el Estado y "se generó una armonía que significó un avance enorme". 

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El informe "El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina", publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, arrojó que de un total de 593 causas, se dictaron 175 sentencias mientras 418 causas restantes permanecen en una fase preliminar de investigación. 

"Cuando hay un cambio de gestión no solo se instala la política de derechos humanos de un Gobierno, sino también la actitud de una parte del Poder Judicial, la nueva postura genera una demora en todos los procesos judiciales", remarcó el magistrado. 


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