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Varios de los integrantes de la comisión que decidirá sobre el juicio político contra la mandataria son investigados por corrupción

Varios de los integrantes de la comisión que decidirá sobre el juicio político contra la mandataria son investigados por corrupción | Foto: EFE

Publicado 26 abril 2016



Varios figuran entre los implicados en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.

Varios de los senadores designados este lunes para integrar la comisión especial que examinará el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff son investigados por presuntos hechos de corrupción. 

>> Senado crea comisión para evaluar juicio político contra Dilma.

Algunos de ellos figuran en la lista de políticos indagados por la Operación Lava Jato y el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.

Entre los senadores de la lista se encuentran los senadores Fernando Bezerra, Simone Tebet, Vanessa Grazziotin, Wellington Fagundes, Gladson Cameli; además de Aloysio Nunes.

Bezerra fue citado en la denuncia del exjefe de Estado Paulo Roberto Costa, de haber recibido dinero por el entonces secretario del gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos.

El senador Cameli, también responde a un proceso por conducir en estado de ebriedad. Lindbergh es el senador que responde al mayor número de casos en la Corte (cinco).

Mientras que Nunes es objeto de una investigación que se oculta en el sistema STF, debido a la evolución del escándalo Lava Jato.

>> Rousseff: la verdad y la democracia son violentadas en Brasil.

Por otra parte la presidenta Dilma Rousseff, sostuvo el lunes un encuentro con ministros en el Palacio del Planalto, donde se analiza la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas en 2016, una propuesta que tiene el respaldo de varios senadores.

En contexto
El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pedido de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes.
Ahora será el Senado el que decidirá si continúa el proceso. 
De ser aprobado por la plenaria de este órgano, la presidencia de Brasil sería separada del poder durante 180 días mientras avanzan las investigaciones.
En ese escenario le correspondería asumir las riendas del Ejecutivo al actual vicepresidente Michel Temer, quien rompió alianza con el Partido de los Trabajadores (PT); y contra quien pesa también un pedido de proceso de juicio político.

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