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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó el sábado pasado su séptimo informe sobre el estado de cumplimiento de los derechos humanos en la Argentina en donde expresó su preocupación por la "criminalización" de la protesta social por parte de Estado argentino.
#DDHH2017
— CELS (@CELS_Argentina) 16 de diciembre de 2017
La protesta social está en peligro
20 personas siguen detenidas por haber participado de las manifestaciones el jueves. Y en este momento se están allanando domicilios pic.twitter.com/Y9S36oeFR3
Durante la presentación del documento el CELS expuso algunos casos donde el Estado argentino ha criminalizado la protesta como la detención de Milagro Sala, presa desde enero de 2016, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y la feroz represión del pasado jueves en Plaza Congreso, cuando una multitud se manifestó en contra de la reforma previsional.
El presidente del Cels, Horacio Verbitsky advirtió que "es difícil hacer cumplir el Sistema Interamericano de Derechos humanos en Argentina cuando el Gobierno se burla de eso de una manera sistemática y militante”.
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El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier alertó que “la protesta social está en peligro en Argentina y eso marcó el trabajo del CELS”. Explicó que el informe hace eje en dos puntos relacionados entre sí: el primero es el que analiza “el impacto negativo de las políticas económicas en la vigencia de los derechos económicos y sociales”. El segundo hace foco en la la “criminalización de la organización social, política y sindical”.
Lxs esperamos en el Parque de la Memoria pic.twitter.com/iGiU5QCIrZ
— CELS (@CELS_Argentina) 16 de diciembre de 2017
Según el organismo, entre 2016 y 2017 “se acentuó la persecución penal y contravencional de organizaciones, militantes y activistas por hechos o situaciones relacionados con el ejercicio de derechos humanos”. En este marco, "los poderes Ejecutivo y Judicial utilizan dispositivos legales disponibles para actuar sobre reclamos y conflictos sociales, y exhibe si el sistema judicial protege o, por el contrario, persigue la organización social, política y sindical”.
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Chiller aseguró que “los tiempos son sombríos para los derechos humanos, pero no nos va a ganar el pesimismo”. En tanto, Verbitsky agregó que “hay una resistencia social muy fuerte frente a la política que quieren imponer.
