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Aún no se ha decidido si la Infanta Cristina irá a juicio

Aún no se ha decidido si la Infanta Cristina irá a juicio | Foto: Archivo

Publicado 15 diciembre 2014


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Cristina de Borbón, segunda hermana del rey Felipe VI, canceló, a través de sus representantes legales, los 587.413,58 euros (unos 730.000 dólares) de responsabilidad civil que solicita para ella la Fiscalía por su implicación en un caso de corrupción.

La infanta Cristina de Borbón pagó una fianza por un caso de corrupción. Trascendió en los medios de comunicación que abonó una cifra cercana a los 600 mil euros ( (unos 730.000 dólares) que le reclamó la Fiscalía Anticorrupción por considerar que se lucró de los fondos defraudados por su marido, Iñaki Urdangarín.

El pago de la fianza no exime a la infanta del delito de fraude fiscal en el que continúa imputada y por el que puede ser llevada a juicio oral, una decisión que debe tomar el juez que investiga el "caso Nóos", José Castro.

La única posibilidad que tiene la hermana del monarca de eludir el juicio es que el magistrado aplique- como le solicitó el fiscal- la "doctrina Botín" (en referencia a un caso en el que estuvo procesado el fallecido presidente del Banco Santander), que permite a un imputado evitar el banquillo si no hay acusación pública o particular, como en este caso.

La defensa de la hermana del rey Felipe VI presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número Tres de Palma de Mallorca, que investiga la causa, en el que informa del depósito en la cuenta del tribunal del dinero reclamado por el Ministerio Publico en concepto de "responsabilidad civil", según fuentes judiciales.

A diferencia del juez del caso, que imputó a la infanta por fraude fiscal, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, aseguró que la hermana del rey Felipe VI no cometió delito, pero le reclama 587 mil 413 euros por haberse beneficiado del dinero supuestamente defraudado por su marido y que fue desviado a una empresa conyugal.

A la empresa Aizoon, que la infanta y su marido comparten al 50 por ciento, fueron a parar un millón de euros apropiados por el Instituto Nóos, la fundación deportiva supuestamente sin fines de lucro creada por Urdangarín y su exsocio Diego Torres, que se adjudicó seis millones de euros de fondos públicos de los gobiernos balear, valenciano y madrileño, sin que mediara contrato alguno.

Con esta misma sociedad, Urdangarín también defraudó a Hacienda al no pagar un total de 337 mil 138 euros de las cuotas del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 2007 y 2008.

El juez Castro, quien previsiblemente emitirá su decisión antes de Navidad, fue el que procesó a la infanta al considerarla "cooperadora necesaria" de los delitos cometidos por su marido.

Bajo esa misma calificación, la acusación popular, que ejerce el seudo sindicato Manos Limpias, pidió ocho años de cárcel para la infanta.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que tampoco acusa a la infanta, también le exigió una fianza de 168 mil 571, la mitad del dinero defraudado por Urdangarín.

  
 

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