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El abogado constitucionalista venezolano, Hermann Escarrá, manifestó categóricamente este lunes que no hay ninguna posibilidad de que en ese país se de un golpe de Estado porque hay plena institucionalidad.
Ratificó que el alto mando militar está presto a apoyar el proceso que emprendió el Gobierno Bolivariano para que "terminemos de salir de esta coyuntura social, económica y política".
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En el programa Siete preguntas conducido por el periodista Ernesto Villegas y transmitido por teleSUR, Escarrá aseguró que el hecho legal de que la Asamblea Nacional (AN) haya solicitado la renuncia del presidente Nicolás Maduro, que fue elegido por voluntad democrática y que este, a su vez, solicite una enmienda constitucional para reducir el periodo de seis meses del Parlamento, está amparado jurídicamente.
“Desde que se instaló la nueva AN, lo que se ha dicho es que hay que salir de un presidente elegido por una voluntad democrática. Entre las posibilidades reforzaron la idea de enmienda para ir a un proceso electoral”, explicó Escarrá.
Reiteró que el presidente puede dirigirse al Consejo Nacional Electoral (CNE) con una enmienda en la que se solicite reducir el período del Parlamento actual con mayoría circunstancial opositora.
¿Cómo salir de la coyuntura económica?
Se trata de un pacto de Estado que incluya al empresariado con los sindicatos, oposición y oficialismo para hablar de la institucionalidad democrática.
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Sobre la postura de la AN en que Venezuela debe ser gobernada por esa instancia, aclaró que “no vivimos en un sistema parlamentario, es presidencialista. La confianza no depende del Parlamento ni hay una relación de cogbierno, (al contrario estamos en presencia de) los cinco poderes rígidamente separados”.
Remover a magistrados del TSJ por parte de la AN
Determinó que una vez escogidos los magistrados, el Poder Judicial es autónomo, por tanto la máxima instancia legislativa no tiene poder de control.
Sala Constitucional dictaminó incostitucional Ley de Aministía
El profesor Hermann Escarrá manifestó que no se puede actuar inconstitucionalmente con un proyecto de ley en el que se viola el artículo 59 del texto constitucional porque sectores de la derecha cometieron delitos de lesa humanidad en las protestas violentas de 2014, además, hubo instigación a la rebelión militar.
Pese a eso, en la instalación de la Comisión de la Verdad del próximo martes para buscar la reparación de daños a las víctimas, el Gobierno invitó a esta mesa a la oposición que fomentó la desestabilización.
Hasta el momento hay una institucionalidad granítica y sumamente clara, indicó Escarrá.
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