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Publicado 2 agosto 2016

Rivadeneira subrayó que la cifra de dólares amansados en Ecuador podría incluso incrementar, pues las investigaciones aún se encuentran en desarrollo.

La presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, expresó este martes que existen al menos 30 mil millones de dólares ecuatorianos en paraísos fiscales, un monto que supera a los 3 mil 300 millones de dólares que necesita el país para poder reconstruir por completo las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. 

En entrevista especial para teleSUR,la funcionaria que participa de una campaña nacional por un pacto ético contra políticos de empresas offshore, dijo que este tipo de transacciones y manejos financieros deben ser de interés para los ciudadanos, pues se trata de medidas que adoptan personas con muchos recursos económicos para evadir los impuestos que la nación requiere para su desarrollo. 

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Aseveró  que la lucha contra estas inversiones no legales guardan relación con el daño que hacen a la economía nacional y exaltó que desde el legislativo se han propuesto una serie de normativas que ya establecen en Ecuador un marco legal que los inversores deban no solo registrar cuáles son sus capitales fuera del país, sino además responder y transparentar esos manejos. 

"Esto nos ha permitido hoy tener una recaudación importante a nivel nacional frente justamente a las diferentes tasas de impuestos que se han puesto a la salida de capitales", sostuvo. 

Dijo que en el ámbito político este tema cobra mayor relevancia, porque se busca la conciencia de todo un pueblo. "Se trata de la necesidad de que la regulación permita una mayor inversión en el país", precisó. 

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"Hemos llamado a todos los partidos políticos a que voten a favor de la propuesta - pacto ético contra políticos de paraísos fiscales - sin embargo, cinco partidos políticos no aceptaron el pacto ético y uno de ellos es liderado justamente por un posible candidato presidencial que tiene sus inversiones afuera, en paraísos fiscales", detalló. 

Insistió en que no se trata de debatir sobre la legalidad del acto, "porque todos pueden estar cargados de legalidad", sino que el asunto gira en todo a la "legitimidad". 

"Se necesitan 3 mil 300 millones para la reconstrucción de todas las zonas afectadas por el terremoto. Si eso es lo que se necesita de manera urgente, entonces, ¿qué hacen 30 mil millones fuera del país?, cuando es el sector privado cuando también tiene que tener un aporte sin  duda alguna al desarrollo económico del país", cuestionó. 

La asambleísta adelantó que se inició una investigación tras la noticia de los Papeles de Panamá, en la que se indaga sobre la vinculación de funcionarios públicos con este tipo de asociaciones offshore.

Asimismo, dijo que posiblemente podría incrementar la cifra de dólares amansados en el país y que fueron colocados en paraísos fiscales, ya que todo dependerá de los avances en las pesquisas.

"Esto es lo grave no solo para las economías del Ecuador sino de todos los países que están involucrados en paraísos fiscales y esta propuesta del pacto ético ha sido incluso ha sido acogida por el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que exhortó a una lucha por terminar los paraísos fiscales", precisó. 

Rivadeneira manifestó que es importante para las naciones conversar sobre la transparencias de las transacciones financieras que se realizan desde cada uno de los países, tanto en el sector público como privado.

En contexto 
El gobierno del Ecuador propuso una Consulta Popular, sin costo monetario, para las elecciones del 2017, para que la ciudadanía se pronuncie y prohíba la actuación de políticos con inversiones de capital en los famosos paraísos fiscales. 
La pregunta presentada ante la Corte Constitucional ecuatoriana dice: “¿Está usted de acuerdo en que; para desempeñar una dignidad elección popular o para servidor público, se establezca como prohibición tener bienes y /o capitales; de cualquier naturaleza; en paraísos fiscales?”.
En caso de que la respuesta de la Consulta Popular sea afirmativa, los funcionarios públicos con capitales en los paraísos fiscales, tendrán un año de plazo para retornar esos dineros al territorio ecuatoriano.
El Pacto Ético rechaza la falta de confianza para invertir en Ecuador y la evación de los impuestos nacionales y el alejamiento de las inversiones internas.

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