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El magistrado encargado del caso aseguró que durante la sanción disciplinaria que emitió el Ministerio Público de Colombia hubo grandes irregularidades.
El magistrado Gerardo Arenas le entregó a los 24 magistrados del Consejo de Estado de Colombia la ponencia en la que se anularía la destitución de 15 años impuesta por la Procuraduría General del país contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El magistrado argumentó en el documento que la procuraduría no hizo un análisis completo de las pruebas que se recopilaron durante el proceso, que permitiera demostrar que en verdad Petro había causado un grave riesgo a la salud humana y al medio ambiente.
Sobre la destitución impuesta contra el exalcalde, Arenas indicó que no se puede alegar un fallo sin que se procedan pruebas que conduzcan a una certeza real sobre la falta.
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Además explicó que ningún servidor público puede ser sancionado sin que se actúe con pruebas de que con su conducta desconoció sus deberes en función.
El magistrado cuestionó el hecho de que la procuraduría colombiana no organizó una interpretación destinada a establecer lo que sería un riesgo para el medio ambiente o la salud humana.
"La procuraduría tenía el deber de analizar las causas que motivaron el actuar disciplinado, sin embargo, ese análisis no fue realizado en el acto sancionatorio", precisó.
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