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107 de los 158 diputados acordaron de urgencia que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos.

107 de los 158 diputados acordaron de urgencia que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos. | Foto: EFE

Publicado 14 septiembre 2017

La activista guatemalteca, Helen Mack, manifestó que la indignación ciudadana llegó a su máximo nivel en el país centroamericano. 

Decenas de guatemaltecos salieron este jueves a las calles del centro de la capital en rechazo a las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso que blindan a políticos de posibles acusaciones de financiamiento ilegal.

De acuerdo a fuentes oficiales, los manifestantes exigieron al presidente Jimmy Morales que vetara esas reformas.

Los protestantes colocaron un ataúd y flores mortuorias frente al Congreso y lanzaron consignas para repudiar la acción de los diputados, a la que calificaron como un "Pacto de Corruptos".

Indignación por corrupción

La activista guatemalteca, Helen Mack, manifestó que la indignación ciudadana llegó a su máximo nivel en Guatemala después de que el Congreso aprobara modificaciones al delito de financiamiento electoral ilegal.

"De poco sirve ahora que el órgano legislativo se retracte. El nivel de indignación llegó al máximo; ahora el Congreso quiere retractarse de los decretos aprobados, pero ya quedaron develadas las intenciones de la impunidad y la corrupción, donde tanto el presidente (Jimmy Morales) como el Congreso y el organismo judicial son parte del problema", señaló Mack.

La activista interpuso junto al abogado Alfonso Carrillo un amparo en la Corte Constitucional, el procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, el exdiputado Aníbal García, la organización Acción Ciudadana y la agrupación Somos. 

"La Corte de Constitucionalidad ya ha convocado a los magistrados para empezar a resolver el caso de los amparos, y estamos a la espera de ver qué pasa", expresó la  presidenta de la Fundación Mirna Mack, que promueve la lucha contra la impunidad y la consolidación de la paz y la democracia.

Este miércoles 107 de los 158 diputados acordaron de urgencia nacional que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos y recarga una eventual culpa a los contadores de cada organización política. 


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