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El titular de CICIG, Iván Velázquez, aseguró que los recursos públicos financian la política, "pero por la vía de la corrupción”.

El titular de CICIG, Iván Velázquez, aseguró que los recursos públicos financian la política, "pero por la vía de la corrupción”. | Foto: teleSUR

Publicado 18 julio 2015

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó un informe que demuestra un supuesto financiamiento ilícito de las campañas políticas, a través de la corrupción y el crimen organizado.

Con presuntos recursos de procedencia ilegal son financiadas las campañas para las elecciones venideras en Guatemala, de acuerdo con un informe publicado este jueves por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en esa nación centroamericana.

 

El documento señala que los partidos políticos son financiados por la corrupción gubernamental y el crimen organizado, "estructuras criminales que a partir de posiciones políticas saquean el erario público para el financiamiento de las campañas electorales, para el enriquecimiento personal de sus integrantes". Versa además que con esos recursos son procedentes del "tráfico de influencias".

El informe fue publicado, luego que el Ministerio Público y la CICIG acusaran al diputado Manuel Barquín y al parlamentario Jaime Martínez Lohayza de integrar una presunta red de lavado de dinero, situación que representa es un escándalo más por corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina, que ha sido señalado por estos actos en diferentes niveles.

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El texto también revela que 25 por ciento del financiamiento a la actividad política en Guatemala proviene de estructuras criminales, especialmente del narcotráfico; otro 25 por ciento del sector privado y el restante 50 por ciento procede de instituciones del Estado.

El titular de CICIG, Iván Velázquez, aseguró que los recursos públicos financian la política, "pero por la vía de la corrupción”.

Mientras tanto, la sociedad guatemalteca rechazó la candidatura a la presidencia del político y empresario hotelero Manuel Baldizón, debido a que su equipo también está ligado a supuestos actos de corrupción. Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, aseguró que su inhabilitación para las venideras elecciones no es posible "por ahora”, porque el proceso inició.

Pineda aseguró que enviaron una reforma al Congreso de Guatemala, que deberá aprobar o rechazar la ley electoral y de partidos políticos con el objetivo de que ésta blinde a los partidos y organizaciones para no recibir financiamiento ilícito y se sancionen a los candidatos que reciban dinero del narcotráfico y el crimen organizado.

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