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La Defensoría del Pueblo de Colombia ha denunciado que en varios departamentos se han incrementado considerablemente los asesinatos colectivos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha denunciado que en varios departamentos se han incrementado considerablemente los asesinatos colectivos. | Foto: Pulzo

Publicado 26 abril 2016

Los grupos paramilitares buscan ganar nuevos espacios en zonas de Colombia donde predomina el cultivo de hoja de coca.

En el primer trimestre de 2016 al menos 29 civiles, cuatro militares y tres policías han sido asesinados en la región del Catatumbo, al noreste de Colombia. Las autoridades no han dado con los responsables, quienes posiblemente formen parte de grupos armados que hacen presencia en la zona.

Los paramilitares han publicado panfletos amenazantes en los últimos meses en los que exigen a los pobladores a salir de la región si no quieren ser asesinados y también han amenazado de muerte al alcalde de San Calixto y al personero de Hacarí.

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El personero del Tibú, Richard Claro, interpuso una denuncia ante la Unidad Nacional de Protección, para evitar que se sigan cometiendo actos delictivos e imponer un clima de terror e inseguridad en la región.

“La situación es complicada. Desde mediados febrero a la fecha van nueve asesinatos, cinco en el caso urbano, y no sabemos quién puede ser, las autoridades no han determinado nada. A mi casa llegaron hombres armados diciéndome que no puedo seguir hablando de esos muertos, que me matan si sigo cumpliendo mis funciones”, expresó Claro.

La situación del Catatumbo, reseña Verdad Abierta, la advirtió la Defensoría del Pueblo el 16 de marzo de 2016, en una solicitud de intervención enviada al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en la que aseguran que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está tratando de ocupar algunos territorios que en el pasado fueron de presencia predominante de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) a través de un mayor accionar bélico contra la Fuerza Pública y en una fuerte presión sobre la población civil.

Presencia de grupos armados

Pese a que el ELN y las FARC-EP anunciaron el inicio de los diálogos de paz y el cese unilateral al fuego, la violencia no cesó y un nueva nueva amenaza azotó a la comunidad: el posible ingreso de bandas criminales a la zona, entre ellas las "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" o mejor conocida como el Clan Úsuga.

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Investigadores de la Verdad Abierta no aseguran que la llegada de estas bandas criminales esté relacionada con lo que ocurre en Tibú, Sandinata y Ocaña, donde circulan panfletos que anunciaban una "limpieza social" próxima, pero tampoco descartan la presencia de otros grupos armados.

Frente a esto, el director de la Fundación Progresar en Norte de Santander, Wilfredo Cañizares, afirmó que "en los últimos seis meses a raíz del aumento en los cultivos de coca y el cese al fuego de las FARC, el Clan Úsuga se fortaleció y quiere acercarse al Catatumbo". 

Las víctimas

Una de las primeras víctimas fue un desmovilizado del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que trabajaba como mototaxista; luego, un vendedor de dulces reconocido por toda la comunidad; les siguieron un comerciante y un consumidor de drogas.

El cuerpo de una mujer apareció con un letrero que anunciaba que así iban a morir “los sapos y los viciosos”; y dos hombres muertos fueron encontrados en Campo 2 con un aviso que decía “auxiliadores de las Autodefensas”.

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"Es una situación preocupante. En una sola semana, a mediados de marzo, mataron a tres personas, pero la información de Inteligencia del Ejército es escasa y no podemos afirmar que se trate de bandas criminales como el Clan Úsuga", indicó Alberto Escalante, alcalde de Tibú.

Por su parte, Andrés Jurado, comandante de la policía de Tibú, negó la presencia del Clan, aseveró que los panfletos vienen de personas que quieren atemorizar la población y agregó que las muertes son consecuencia de riñas, deudas de drogas y reacomodos de facciones insurgentes.

Acciones

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunciaron tres medidas para la solución del problema: en dos meses habrá un nuevo batallón de antinarcóticos con 120 hombres.

Se creará un un bloque de búsqueda con más de 100 oficiales y se destinarán más de cinco mil millones de pesos a la instalación de una red de cámaras de vigilancia en Ocaña.

En contexto 

Autoridades locales y organizaciones sociales están preocupadas por el incremento de homicidios y amenazas a funcionarios. No se sabe a ciencia cierta quienes son los responsables, algunos hablan de un reacomodo de las guerrillas del ELN y EPL; otros, de la llegada del Clan Úsuga. 
La Fundación Progresar ha recibido más de 20 denuncias de amenazas contra líderes sociales del Catatumbo. 

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