El Parlamento de Grecia aprobó este viernes una ley que limita el proceso de demanda de asilo y establece regulaciones para la expulsión de refugiados a los denominados "países seguros".
La legislación recibió el visto bueno de la coalición gubernamental formada por Syriza y Griegos Independientes (ANEL), así como del Pasok (socialistas) y de Potami (centristas).
Esta medida facilita la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía, para la expulsión de refugiados provenientes de África y Oriente Medio fuera del territorio comunitario.
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El texto de la ley griega no califica explícitamente a Turquía como un país seguro, sino que remite a una lista de naciones aptas del Consejo de la UE, aún no elaborada.
La nueva legislación actualiza las leyes helenas sobre asilo y las pone al nivel de las del resto de sus socios en el bloque regional.
En este sentido, establece un Servicio de Asilo con personal y medios técnicos para gestionar las llegadas de refugiados, además, garantiza la independencia administrativa y financiera de la autoridad que estudia las peticiones de refugio y se crea una segunda instancia que evalúa las peticiones, a fin de garantizar la imparcialidad de un tribunal.
Tanto Atenas como Ankara han iniciado las modificaciones legales correspondientes para cumplir con lo acordado entre la UE y Turquía.
Por su parte, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, ha defendido el acuerdo, por el cual su Gobierno recibirá al menos tres mil millones de euros (tres mil 300 millones de dólares) como “ayuda” para enfrentar la supuesta crisis de refugiados.
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Procedimientos
La legislación establece dos procedimientos distintos para los refugiados, uno para los que lleguen a las islas con centros de registro, puertos y aeropuertos, y otro para los que lo hagan en el resto del territorio heleno.
En el caso de los primeros, se les realizará la identificación y el examen de sus demandas de asilo en los mismos centros de registro, los datos serán evaluados en los tres días siguientes a su registro, para así ofrecer una respuesta el cuarto día.
Para aquellos quienes no demanden asilo o cuya solicitud sea rechazada, el proceso que se iniciará será el de deportación a "países seguros".
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Para los que no lleguen a uno de los centros de registro de las islas y pidan asilo en otros puntos del país, el plazo máximo de tramitación de su petición será de 12 meses, tiempo en el que los demandantes se podrán acoger a permisos de residencia y trabajo, algo que no era posible hasta ahora.
No obstante, podrán ser sometidos a limitaciones de desplazamiento dentro del territorio nacional mientras su petición es examinada.