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Se esperan marchas en Río de Janeiro contra la reducción de edad penal

Se esperan marchas en Río de Janeiro contra la reducción de edad penal | Foto: EFE

Publicado 11 agosto 2015

Aunque el Senado tiene la disposición de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo de Dilma Rousseff para reimpulsar la economía y otras áreas, la población continúa exigiendo la eliminación del proyecto de ley de reducción de edad penal. Un tema pendiente de discusión, respaldado por varios parlamentarios.

El Gobierno de Brasil y el Senado creen que es necesario diseñar una agenda conjunta para devolver la estabilidad política en el país, implementar medidas de ajuste y reimpulsar la economía. 

Luego de una reunión con el presidente del Senado, Renan Calheiros, el ministros de Hacienda, Joaquim Levy, dijo que hay interés del órgano legislativo de trabajar con el Ejecutivo para promover reformas estructurales que fomenten un nuevo de ciclo de desarrollo para generar empleos, inversión, así como acordar ajustes en materia penal. 

Desde el inicio de su segundo mandato la presidenta Dilma Rousseff ha gobernado con una Cámara de Diputados flexible y un Congreso de mayoría opositora.

En estas instancias se discuten leyes como la reforma política, impulsada por Rousseff, y se ha dado prioridad al financiamiento de partidos políticos y a leyes como disminución de la edad penal, rechazada por el Ejecutivo y los jóvenes.

Este martes se llevará a cabo en Río de Janeiro (sureste) un marcha contra el proyecto de reducción de la edad penal, que coincidirá con la segunda votación del reglamento en la Cámara de Diputados, la cual dijo ‘no’ a la medida en junio. 

Cientos de jóvenes se movilizarán en contra de la propuesta de cambio en el texto de artículos de la Constitución para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años en caso de crímenes graves.  

La mandataria ha insistido en que la propuesta significa la exclusión social de la juventud, afirmó que el Gobierno propondrá cambios en el Estatuto de Niños y Adolescentes con la intención de aumentar el castigo para los involucrados en crímenes graves.

"Atribuirles penas de adultos a los jóvenes que se ven involucrados en actos de pandilla, tipifica lo que sucedería en situaciones de crímenes atroces", sentenció la jefa de Estado desde Brasilia, capital de Brasil.

Rousseff enfrenta un nuevo ataque de la derecha nacional internacional que ha derivado en el decrecimiento de la economía, tema clave en la agenda conjunta acordada entre Levy y Calheiros. Ambos están de acuerdo en impulsar iniciativas acertadas para ampliar el sistema financiero. 

A principios de julio, integrantes de partidos aliados del  Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos, movimientos sociales e indígenas y estudiantiles denunciaron los intentos de sectores conservadores de la derecha de interrumpir la legalidad democrática en el país.​
 

“Consideramos inaceptables y rechazamos las repetidas tentativas de fracciones de la oposición y del oligopolio de medios de comunicación de buscar, a través de maniobras ilegales y pretextos artificiales, el fin de la legalidad democrática”, reza el documento firmado por más de 400 representantes de agrupaciones políticas y sociales, entre ellos médicos, profesores, estudiantes, sindicalistas y políticos.


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Por otro lado, el Ejecutivo ha dicho que busca emprender una reforma tributaria, sancionar una ley de Responsabilidad de las empresas estatales y medidas para repatriar los fondos de brasileños del exterior para recuperar su economía, por lo que se reunirán con empresarios para debatir sobre una mayor seguridad y confianza en la población. 

Respecto este tema, Rousseff  ha dicho que Brasil se encamina hacia “un nuevo ciclo de expansión”, y requiere que el primer paso se oriente a garantizar el control de la inflación, el cual cifras oficiales sitúan en ocho  por ciento.

Brasil necesita incrementar las exportaciones y estimular la inversión en el sector infraestructura, para incrementar su Producto Interno Bruto (PIB), según la jefa de Estado.


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