El gobernador de la provincia argentina de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que garantizarán la vida y la integridad de la dirigente social Milagro Sala, tras la exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Morales señaló que conoció la resolución de la CIDH por los medios de comunicación, y destacó que la solicitud al Estado argentino no menciona la libertad de la líder social, como lo ha hecho el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES.
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Mediante un comunicado, la CIDH exigió al Gobierno argentino una medida cautelar para la líder del movimiento Túpac Amaru, con el objetivo de garantizar su vida y bienestar.
Para el gobernador de Jujuy, la resolución de la CIDH convalida con la actuación de la justicia provincial en relación con la prisión preventiva, en referencia al caso de Sala por los supuestos actos de hostigamiento en su contra.
La Comisión Interamericana señala en su informe que en estos momentos "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, mientras sus derechos a la vida e integridad enfrenten un riesgo de daño irreparable".
"YA NO HAY MAS EXCUSAS, EL GOBIERNO NACIONAL DEBE DEJAR EN LIBERTAD A MILAGRO SALA" @mauriciomacri la resolución de la @CIDH así lo dispone pic.twitter.com/KiGyPHrSAp
— Frente Milagro Sala (@FteMilagroSala) 29 de julio de 2017
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El Estado argentino debe cumplir de inmediato con la cautelar de la @CIDH y liberar a Milagro Sala. pic.twitter.com/JDOeZAxb3Z
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 28 de julio de 2017
El motivo del proceso contra Milagro se remonta al año 2009, cuando supuestamente la dirigente social organizó una manifestación contra el aquel entonces senador Gerardo Morales, en la que le arrojaron huevos.
Tras este incidente, Morales actual gobernador de la provincia, presentó una denuncia en la Justicia que derivó en el procesamiento de la activista por haber perpetrado amenazas y ataques contra una figura pública.
El desarrollo de la causa se alargó y en mayo pasado el tribunal de Jujuy desestimó los cargos, pero una instancia superior anuló la decisión y decretó el inicio del juicio contra Sala y otros dos activistas por administración fraudulenta y asociación ilícita.