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Juan José Aranguren reconoció él mismo el error del Ejecutivo por no considerar las necesidades locales al aplicar el tarifazo de la electricidad y el gas.

Juan José Aranguren reconoció él mismo el error del Ejecutivo por no considerar las necesidades locales al aplicar el tarifazo de la electricidad y el gas. | Foto: Infobae.com

Publicado 3 junio 2016



Aunque la declaración oficial es que se busca incentivar la producción de energía, el ministro Aranguren indicó que buscaban frenar las demandas impulsadas por los gobernadores en contra del tarifazo de gas y luz.

El Gobierno argentino vuelve a introducir cambios en el tarifazo de los servicios públicos de gas y luz para paliar el impacto que esa  política ha causado en la población y de ese modo sanjar con las múltiples protestas y demandas fiscales que ha generado.

De esta forma, el Estado reconoce que cometió el error al no considerar las necesidades locales en el proyecto. 

>> CTA de Argentina marcha contra despidos y tarifazos

A partir de este jueves, el Poder Ejecutivo resolvió limitar el fuerte aumento en las tarifas de gas y electricidad que había aplicado al principio de año para reducir el déficit fiscal del país, equilibrar las cuentas estatales, atraer inversiones y reducir la inflación. No obstante, desde el inicio el plan generó múltiples protestas sociales y de empresas que argumentaron que no podían pagar los servicios, luego de que estos aumentaran casi al un mil por ciento.

Ahora el aumento del gas tendrá un tope de 400 por ciento para los hogares, mientras que para las pymes, comercios y hoteles, será de 500 por ciento. Esta medida se activará no solo para las provincias patagónicas, sino también para todo el país.

En el caso de la electricidad no hay límite para el aumento del servicio, pero se amplió el nivel de consumo bonificado de 150 a 330 megavatios por mes para aquellos que están radicados en provincias que no tienen acceso al sistema troncal de transporte de gas natural.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quienes se reunieron con gobernadores y representantes de cámaras empresarias, esperan que estos cambios sirvan para desactivar las demandas judiciales que se han emprendido en contra del tarifazo, y que fueron impulsadas por los propios gobernadores.

>> Argentina: Freno judicial al tarifazo de gas en Bariloche

El tarifazo en los servicios de gas y electricidad ha sido ampliamente rechazado por la ciudadanía. Reuters 

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Al respecto, el Gobernador de la provincia de San Luis adelantó que sostendrá su recurso de amparo. El resto de los gobernadores que han impulsado medidas judiciales no se han pronunciado.“Los gobernadores que participaron en las reuniones saben que a partir de este entendimiento pueden tomar la decisión de no proseguir con sus amparos, pero si quieren van a hacerlo. Eso queda a criterio de ellos”, apuntó Aranguren.

El titular de Energía también expresó que era necesario para el Gobierno de Mauricio Macri "mostrar una flexibilidad" al percibir que el país tiene distintas realidades y que la medida aplicada inicialmente no da respuesta para satisfacerlas a todas.

"Reconocemos, y yo soy el primero en hacerlo, que con más tiempo, con más capacidad de análisis y habiendo tenido en cuenta todas las realidades locales y el momento, previo a una etapa invernal, pudimos avanzar de una manera un poco más racional, un poco más lógica", expresó.

El objetivo oficial que se maneja para esta marcha atrás es que se busca que los nuevos precios de la energía incentiven las inversiones de las empresas.

>> Argentinos movilizados este miércoles contra el tarifazo

En contexto
Desde que Macri asumió la Presidencia de Argentina, el 10 de diciembre de 2015, la economía del pueblo ha sido duramente sacudida con un paquete de medidas neoliberales como el incremento de la gasolina y servicios básicos como el gas, el agua, la electricidad y hasta el transporte.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los argentinos gozaban del consumo eléctrico y de gas con planes de subsidios que fueron implementados por una ley de emergencia económica en 2002; pero el Gobierno de centroderecha de Mauricio Macri, había eliminado en menos de un año los amplios beneficios a la energía que otorgó la administración centroizquierda.
Ahora, gobernadores, sindicatos, agrupaciones políticas y ciudadanos han manifestado en las calles y en los tribunales su rechazo al incremento en las tarifas de luz y gas.

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