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  • Gustavo Petro tocó la puerta de la CIDH diez días después de conocer el fallo de la Procuraduría. (Foto: sipse.com)

    Gustavo Petro tocó la puerta de la CIDH diez días después de conocer el fallo de la Procuraduría. (Foto: sipse.com)

Publicado 19 marzo 2014

El futuro sobre la revocatoria del alcalde de Bogotá (capital de Colombia), Gustavo Petro, ha quedado en manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien en los próximos días tendrá que tomar una de las decisiones políticas más "incomodas" de los últimos tiempos.

Luego de la decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de otorgar a Petro las medidas cautelares, que impiden que el alcalde sea destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas, Santos será "quien tendrá que decidir si acoje o no lo manifestado por la CIDH", reportó el corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo.

El reportero recordó que el pasado 17 de diciembre "el propio presidente Juan Manuel Santos dijo que acataría lo que dijera la Comisión. En los próximos días conoceremos entonces la decisión de Santos si acata o no lo dicho por la Comisión".

En las primera horas de este miércoles, se conoció que el procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, ya le solicitó una cita al mandatario colombiano para argumentarle el por qué no debería acatar la recomendación de la Comisión.

El procurador General había decidido destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá. Asimismo, el Consejo de Estado se mantenía firme en la destitución tras rechazar las tutelas presentadas por el alcalde.

María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, reconoció este miércoles que "no es fácil" lo que le toca afrontar al presidente Santos y aseguró que si toma la decisión de adoptar las medidas cautelares, "lo verían como que el Gobierno está cumpliendo sus compromisos internacionales".

Rojas aseguró que en Colombia el alcalde Petro aún tiene instancias y recordó que la Corte Constitucional no ha revisado la tutela por lo que no habría mérito para que la CIDH determinara que al alcalde se le violó el debido proceso o sus derechos.

Sobre el futuro de la revocatoria de Petro, la magistrada manifestó: “La verdad no me quiero meter en los terrenos de la Registraduría, ellos deben analizar qué camino cogen y definitivamente el balón queda en la cancha del presidente Santos”.

Entre tanto, Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó los alcances de la decisión tomada e indicó que no es un desconocimiento de la rama judicial y disciplinaria de Colombia, sino una previsión mientras se revisa minuciosamente el caso del alcalde Gustavo Petro.

Informó que a partir de la decisión, el Estado colombiano tiene 15 días para notificarse de las medidas cautelares y 90 para entregar información a la CIDH en la investigación formal que se abrió. A partir de ahí el proceso podría tardar entre seis y nueve meses.

Gustavo Petro tocó la puerta de la CIDH diez días después de conocer el fallo de la Procuraduría. Viajó junto con sus abogados a Washington (Estados Unidos) y expuso su situación ante los miembros de la Comisión.

Para él, era claro que el dictamen del despacho de Alejandro Ordóñez violaba la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita por Colombia en los años de 1970, donde se señala que los derechos políticos sólo pueden suspenderse mediante decisiones de “juez competente, en proceso penal”, cosa distinta a lo sucedido con el alcalde.


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