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Los colectivos más afectados por los recortes se alzan en señal de desacuerdo a los duros ajustes económicos.

Los colectivos más afectados por los recortes se alzan en señal de desacuerdo a los duros ajustes económicos. | Foto: EFE

Publicado 8 noviembre 2016

Miles de funcionarios que serán afectados por los recortes y los retrasos en los pagos de los salarios se oponen a los recortes sociales propuestos por gobierno de Río de Janeiro, en Brasil.

Miles de funcionarios públicos activos y jubilados, en su mayoría bomberos, agentes penitenciarios y policías, tomaron este martes durante varias horas la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en señal de protesta por el plan de ajuste anunciado el pasado viernes 4 de noviembre por el gobierno local.

Las medidas de austeridad propuestas por gobierno de Rio de Janeiro establece recortes en salarios, educación y cultura para salir de la quiebra. Entre ellas destacan los ajustes incluye el descuento de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos de hasta el 30 por ciento, el fin de muchos programas sociales, el aumento del boleto de colectivo, la subida de impuestos y la posibilidad de recorrer a los fondos de otros poderes para pagar el sueldo de los funcionarios. Una medida que ser aprobada por la Asamblea Legislativa a partir de la próxima semana entraría en vigor el venidero 1 de enero de 2017.

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Los manifestantes se encontraban desde tempranas horas con bocinas, pitos y pancartas para exigir frente al Parlamento del Estado de Rio de Janeiro "no al paquete de las maldades" y "no a la cobardía contra los funcionarios públicos activos y jubilados". También demandaron la comparecencia del gobernador Luiz Fernando Pezão y del presidente del Parlamento de Rio de Janeiro, Jorge Picciani perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Los manifestantes se levantaron frente a la sede de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Los recortes se realizan con el objetivo de equilibrar los números y salir de la situación de "calamidad" decretada el pasado junio. El gobierno pretende buscar ahorrar unos 8 millones de dólares para aumentar la recaudación fiscal con una inyección extra de 4,1 millones de dólares en 2017 y de 4,6 millones de dólares en 2018.

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Por su parte, el presidente de la Coalición de Policías Civiles (Colpol), el comisario Fábio Neira, indicó que el objetivo de esta protesta es sensibilizar a los diputados para que rechacen los recortes propuestas por el Gobierno de Río de Janeiro.

Mientras que el presidente de la Asamblea, Jorge Picciani, condenó la ocupación por considerar que se trata de "un crimen y una afrenta al estado democrático de derecho sin precedentes en la historia política de Brasil" y adelantó que se denunciará a los responsables de los daños.


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