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El Consejo Extraordinario de Ministros convocado para este sábado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de aplicar medidas contra la autonomía del gobierno catalán ha preparado una querella por rebelión contra Puigdemont si declara la independencia, lo que implicaría una condena de máximo 30 años de cárcel.
El documento sería presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La querella no incluiría solamente al presidente de la Generalitat sino todos los miembros del Gobierno catalán y de la Mesa del Parlament que tengan una participación "activa o determinante" en la declaración de independencia.
>> Gobierno español inicia reunión para asumir funciones en Cataluña
Preparada 1 querella por rebelión contra Puigdemont si declara la independencia. Máximo 30 años de cárcel. Gobierno catalán podría ir detrás
— Joan Ortiz i Serra (@JoanteleSUR) 21 de octubre de 2017
La Fiscalía General española indica que "no encuentra dificultades en sostener" que durante el proceso independentista se han llevado a cabo "numerosos actos delictivos" que están fuera de la autonomía.
Entre los actos señalan:
* El “censo” de catalanes residentes fuera de España para que votaran en la consulta del 1 de octubre.
* La implementación de cámaras web en servidores de países extranjeros al servicio del referéndum.
* La promoción del independentismo en el exterior con cargo a fondos públicos.
Según el Gobierno español estas medidas pretenden restaurar el orden constitucional frente al desafío independentista de los catalanes.
El Gobierno de Rajoy anunció que aplicaría el artículo 155 de la Constitución española luego que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, notificara el pasado jueves que el Parlamento regional podría votar la independencia si no haber diálogo entre el gobierno central y el regional.
>> Senado español planea votar ejecución de artículo 155 en Cataluña
El artículo 155 se introdujo en el título VIII de la Constitución para que el Gobierno tuviera precisamente un mecanismo para controlar a las Comunidades Autónomas y pudiera forzarlas "cumplir sus obligaciones" o "proteger el interés general".
Se trata de la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.
El gobierno central cuenta con el respaldo del rey Felipe y de la UE.
Entre tanto, en Barcelona se lleva a cabo otra gran manifestación a favor de la independencia.
