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El ex viceministro fue el encargado de manejar las concesiones viales en esa nación.

El ex viceministro fue el encargado de manejar las concesiones viales en esa nación. | Foto: Reuters

Publicado 13 enero 2017



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Esta sería la primera captura que se produce en Colombia por las investigaciones de los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht en el exterior.

La Fiscalía General de Colombia capturó este jueves al ex viceministro de Transporte de ese país Gabriel García, quien es acusado de corrupción por recibir 6,5 millones de dólares en sobornos por parte de la compañía constructora brasileña Odebrecht.

García es acusado de recibir fondos por parte de Odebrecht para la adjudicación y construcción en 2009 de una autopista en ese país suramericano.

>> Odebrecht pagó 788 md en sobornos a 12 países

El dato: Gabriel García fue director del instituto encargado de manejar las concesiones viales en esa nación y posteriormente se desempeñó como viceministro de Transporte en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

>> Cinco claves para entender el caso de corrupción en Petrobras

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, EE.UU., la constructora brasileña Odebrecht habría pagado 788 millones de dólares en sobornos a 12 países de América Latina y África.

En este sentido, el fiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez aseguró que “la Fiscalía tiene evidencia de que el señor García exigió el pago de 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol, Dos, excluyendo a otros competidores”, para realizar la obra.

El fiscal anunció que las investigaciones continúan, con el fin de establecer la participación de otras personas, y sostuvo que en el Gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos se pagaron sobornos por más de 4,5 millones de dólares para beneficiar a la constructora brasileña.

Martínez apuntó que se estableció con Odebrecht un principio de oportunidad condicionado al pago de 32 mil millones de pesos unos (10,7 millones de dólares) como reparación del daño causado a la administración pública de Colombia, donde podría quedar inhabilitada para licitar obras públicas y obligada a entregar los contratos que ejecuta actualmente.

La firma brasileña se declaró culpable en diciembre en una corte de EE.UU. por violar normas contra sobornos fuera del país, como resultado de una investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción.


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