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Españoles piden la dimisión inmediata del Presidente del Gobierno (Foto: Archivo)

Españoles piden la dimisión inmediata del Presidente del Gobierno (Foto: Archivo)

Publicado 8 abril 2014

El fiscal Jalil Rachid adelantó que se opondrá a la concesión de medidas sustitutivas de prisión para los acusados por el caso Curuguaty, actualmente en huelga de hambre.

El agente del Ministerio Público detalló que la legislación vigente no permite la concesión de medidas por crimen. Rachid adelantó su postura ante la solicitud de la defensa de los acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Néstor Castro

Los cinco campesinos paraguayos que se encuentran detenidos por el caso de Curuguaty  se encuentran en huelga de hambre desde el 14 de febrero pasado y ya agotan sus fuerzas tras cumplir 48 días en huelga de hambre. Los desmayos se ven a diario y algunos expertos los consideran en estado de desnutrición aguda.

La defensa adelantó que solicitará arresto domiciliario, tras hacer hincapié en el avanzado deterioro de su salud, a raíz de la medida de fuerza. Ofrece a más de veinte personas en carácter de fiadores, entre ellas la senadora Esperanza Martínez y la diputada Karina Rodríguez.

La audiencia de revisión de medidas está prevista para este miércoles, ante el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, presidido por Benito Ramón González.

Rachid se mantiene firme en afirmar que los campesinos han sido acusados por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble. En consecuencia, la elevada expectativa de pena prevista hace que el caso sea calificado como crimen y, por lo tanto, no existe la posibilidad de que los procesados sean favorecidos con medidas sustitutivas de prisión, porque la ley no lo permite.

Los labriegos fueron arrestados durante el sangriento desalojo efectuado en la localidad de Curuguaty (centro de Paraguay)  que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías, hecho utilizado como uno de los argumentos para destituir al presidente constitucional, Fernando Lugo. El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando un grupo policial paraguayo desalojó un colectivo de campesinos quienes ocupaban la tierra para la producción agrícola.

Las denuncias llevaron al reconocimiento de que el asentamiento de familias campesinas se encontraba en tierras del Estado, algo por lo cual continúa el litigio legal con los latifundistas apoderados de ellas, quienes poseen un titulo de dudosa procedencia.

Pero los fiscales José Sarza y Jalid Rachid culparon a los rurales del letal enfrentamiento y entre los procesados mantienen desde entonces en prisión a los cinco en huelga de alimentos sin prever juicio antes de finales de junio próximo.


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