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 Es solo una minoría la que no desea el bienestar para sus conciudadanos, afirmó.

Es solo una minoría la que no desea el bienestar para sus conciudadanos, afirmó. | Foto: @lortegadiaz

Publicado 7 agosto 2015

La funcionaria expresó su confianza en que el llamado de un grupo minoritario no tendrá eco en el pueblo.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, repudió cualquier llamado a acciones violentas y constitutivas de delito que pretendan realizar grupos de la ultraderecha que buscan la desestabilización del país suramericano. 

Durante la inauguración de la Fiscalía Municipal Segunda del estado de Apure, la funcionaria recordó que Venezuela es un país de paz, cuyos habitantes son personas que quieren vivir en armonía.

Por eso rechazó las incitaciones a la violencia y resaltó que, si la mayoría del pueblo quiere paz, significa que es solo una minoría la que no desea el bienestar para sus conciudadanos. 

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En ese sentido, Ortega Díaz expresó su confianza en que el llamado de ese grupo minoritario no tendrá eco y que el pueblo seguirá en la línea de conquistar la concordia, la paz y el amor que debe existir entre los ciudadanos de un país.

Asimismo, la Fiscal General indicó que las medidas de seguridad implementadas por el Ejecutivo Nacional de Nicolás Maduro, en este caso La Operación de Liberación del Pueblo (OLP), ha arrojado muy buenos resultados y que las personas aprehendidas durante estos operativos han sido puestas a la orden del Ministerio Publico (MP) del país.

En el mismo sentido, agregó que el MP vela porque se respeten los derechos humanos de los detenidos, por lo que cuentan con un equipo de médicos y fiscales que han constatado el estado de salud de los mismos. De igual forma, aseveró que se garantiza la comunicación con sus familiares y sus abogados.

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En contexto:
El pasado 12 de febrero de 2015 se cumplió un año de la convocatoria denominada “La Salida”, plan golpista activado por la extrema derecha venezolana con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, el cual tenía el objetivo de socavar la paz y el orden institucional de Venezuela. Como parte de ese plan, se convocó a actos violentos que provocaron 43 víctimas mortales, de las cuales 33 eran civiles y 10 funcionarios de cuerpos policiales de esta nación.

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