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Movimientos sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia protestaron el pasado jueves tras la detención de 15 activistas.

Movimientos sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia protestaron el pasado jueves tras la detención de 15 activistas. | Foto: Congreso de los Pueblos

Publicado 11 julio 2015

La delegación de las FARC-EP en La Habana rechazó la actitud del Gobierno colombiano “que en lugar de abrir caminos hacia la reconciliación cierta, agudiza la confrontación social y genera desconfianza”.

La Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se solidarizó con el Congreso de los Pueblos tras la detención arbitraria de dirigentes y activistas en Colombia.

“De nuevo asistimos a un montaje judicial en donde la principal víctima es la democracia. Con la excusa de los petardos detonados en Bogotá, el aparato judicial estigmatiza y criminaliza a los luchadores sociales”, destacó en un comunicado la delegación de las FARC-EP.

En la misiva, destacan que no puede hablarse de paz y reconciliación “cuando al tiempo se judicializa a luchadores sociales y se tienden mantos de duda sobre movimientos sociales políticos de oposición”.

De igual modo, rechazaron la actitud del Estado colombiano, “que en lugar de abrir caminos hacia la reconciliación cierta, agudiza la confrontación social y genera desconfianza”.

“Desde La Habana va nuestra solidaridad para los compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos que resisten valientemente a estos falsos positivos judiciales. Luchar por un nuevo país no constituye delito alguno”, finaliza el comunicado.

En contexto
Movimientos sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia, protestaron el pasado jueves tras la detención de 15 activistas bajo la modalidad de falsos positivos judiciales.

En las afueras del juzgado de la localidad de Paloquemao, en Bogotá (capital), decenas de manifestantes exigieron la liberación de los activistas que fueron detenidos por presuntamente estar involucrados en el ataque a dos edificios gubernamentales que dejó ocho heridos, uno de ellos de gravedad.

Los detenidos enfrentarán cargos por terrorismo, rebelión, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno, delitos que en ese país, pueden conllevar a una pena hasta de 30 años.

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