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  • El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue removido de sus funciones el pasado mes de diciembre por presuntas irregularidades en el sistema de recolección de desechos implementado en la ciudad (Foto: vanguardia)

    El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue removido de sus funciones el pasado mes de diciembre por presuntas irregularidades en el sistema de recolección de desechos implementado en la ciudad (Foto: vanguardia)

Publicado 26 febrero 2014



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El exsecretario del gobierno de Bogotá, Guillermo Jaramillo, aseveró este miércoles que la decisión del Consejo de Estado sobre el caso del alcalde, Gustavo Petro, es evidencia de un complot político en contra del funcionario.

“Esto hace parte de un complot político que se ha venido adelantando desde hace un tiempo contra Petro, por su valor civil de haber denunciado el paramilitarismo, la guerrilla, los delincuentes, el carrusel de la contratación”, señaló Jaramillo, quien forma parte del equipo de campaña que trabaja por la restitución de competencias al alcalde.

A su vez, Jaramillo destacó que “se está violando el debido proceso del alcalde. No solo nos violaron los derechos electorales y aplazaron los comicios de revocatoria de forma ilegal, sino que están haciendo ver incorrecto un decreto que es legal, como lo es el nuevo esquema de aseo”.

Sobre las actuaciones judiciales contra Petro comentó que “el Estado colombiano y su poder judicial atropellan permanentemente a Petro, una persona que lo único que ha querido es servirle a la ciudad y al país. El alcalde está afligido, pero como siempre está dispuesto a afrontar con valentía la situación.

La Procuraduría General de Colombia dictó en diciembre de 2013 una medida de destitución en contra del alcalde bogotano por presuntas irregularidades en el sistema de recolección de desechos que se implementa en la capital de ese país desde 2012.

Por ahora, el equipo de defensa de Petro ha introducido una serie de medidas cautelares que han evitado que se oficialice la medida de la Procuraduría y están a la espera de una decisión de la Corte Constitucional del país y un referéndum popular que se tiene previsto parea el


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