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El asesinato de Lesbia Yaneth se produjo a 4 meses y 4 días del asesinato de la líder Berta Cáceres.

El asesinato de Lesbia Yaneth se produjo a 4 meses y 4 días del asesinato de la líder Berta Cáceres. | Foto: EFE

Publicado 11 octubre 2016

El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) repudió el asesinato de la líder ambientalista Lesbia Yaneth Urquía Urquía.

Tras la violenta muerte de las líderes ambientalistas Lesbia Yaneth y Berta Cáceres, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y se castigue a los culpables.

El COPINH emitió este martes un comunicado para exigir justicia por el asesinato de la activista Lesbia Yaneth Urquía, quien era una dirigente comunitaria hondureña de la misma organización indígena a la que pertenecía Berta Cáceres.

"Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales, y a todas las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todos los defensores de derechos humanos, y de los bienes comunes de la naturaleza [...], por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de la paz", indica el comunicado del COPINH.

La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta, resalta el comunicado.

Lesbia fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consentimiento y privatización de los ríos en el departamento de la Paz.

Su asesinato se da en el marco de un proceso de consulta llevado a cabo por el Gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada, a la que tienen derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de la historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


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