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Docenas de españoles mueren esperando ayudas públicas

Docenas de españoles mueren esperando ayudas públicas | Foto: Referencial

Publicado 11 marzo 2015

Los beneficiarios de ayuda social mueren esperando al Gobierno, la mayoría de ellos son mayores de 80 años y no cuentan con los recursos para cubrir sus gastos por alimentación y medicinas.

España tiene cerca de medio millón de personas dependientes del Gobierno (personas que necesitan ayuda para valerse por sí mismas) que no reciben actualmente ningún tipo de prestaciones o servicios por parte del Estado, y registran la muerte de al menos 100 mil personas por extrema pobreza.

El presidente del Observatorio Estatal sobre la Dependencia, José Manuel Ramírez afirmó que “el 54 por ciento de las personas dependientes son mayores de 80 años. Es una auténtica canallada que el Gobierno alardee de haber rebajado la lista de espera sabiendo que detrás de esa reducción están las personas que han fallecido estando allí, es decir unas 117 mil. Es un Gobierno que no tiene alma”.

Valencia es considerada como la región española con la peor gestión y aplicación de servicios sociales, “la prioridad del Gobierno autonómico valenciano nunca han sido las personas, sino el capital. Aquí tenemos las macroconstrucciones y a la fecha de hoy existen deudas millonarias con los constructores. Entonces si los ciudadanos no fuerzan el pago de las ayudas, somos los que siempre estamos a la cola” aseguró la abogada de casos de personas dependientes, Sandra Casas.

Personas que requieren ayuda pública han sentido impotencia por esperar algo que nunca llega, mientras que otros deben recurrir a tribunales para cobrar la ayuda que por ley les corresponde, que son más de unos 20 mil euros (21.19 mil dólares) según una reciente resolución judicial.

Según la asociación de directores y gerentes de servicios sociales, las atenciones del sistema a las personas dependientes suponen unos 104 euros (109.93 dólares) por habitante cada año y aseguran que lo que se invierte en este sector genera retorno de más del 40 por ciento. El desafío está en esperar a que el Gobierno cumpla con lo estipulado en la ley, de lo contrario lo dejará en manos del sector privado.

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