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El Gobierno español acordó este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria por el Ejecutivo de la región de Cataluña de celebrar una consulta informal y alternativa de carácter soberanista el próximo 9 de noviembre.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras la reunión semanal del Gabinete que se pretende con ello "asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia".
La decisión del Ejecutivo central llega al día siguiente de que el Consejo de Estado, un órgano consultivo, aprobara por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta.
Varias formaciones nacionalistas catalanas defienden desde hace meses la celebración de una consulta en la que los ciudadanos se pronuncien acerca de una eventual independencia del territorio y el presidente de la región, Artur Mas, firmó hace varias semanas un decreto para convocarla.
La vicepresidenta aseguró que uno de los motivos es "evitar el fraude" a los ciudadanos, al tratarse de una consulta que percibe como contraria a la Constitucional así como "proteger" a los funcionarios encargados de su preparación, porque cometerían una ilegalidad y podrían ser perseguidos por la Justicia.
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