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El juez de la Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz, propuso juzgar a once altos cargos gubernamentales y militares de Marruecos imputados por el delito de genocidio y otros crímenes contra refugiados del Sahara Occidental entre los años 1975 y 1992.
La propuesta del juez Ruz fue establecida mediante un auto publicado este jueves, en el que se procesa a los 11 funcionarios (entre ellos dos gobernadores, un teniente y un coronel). En el documento se da la orden para la búsqueda y captura de siete de ellos.
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Además del delito de genocidio, a los imputados también se les acusa de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.
El magistrado español contabilizó unos 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.
Algunos de los hechos descritos son amputaciones de miembros a prisioneros, incluido un recién nacido, así como la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara, Amgala.
El juez Ruz señaló que el "hecho fundamental" que se investiga es el hallazgo en febrero de 2013 de una fosa común en Amgala, que contenía ocho cadáveres que "han sido plenamente identificados por el ADN". También se tienen en cuenta los testimonios de varios testigos que "incriminan" a los procesados.
Estos son los imputados
- Gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem.
- Gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou.
- Subgobernador de la provincia, Hassan Uychen.
- Coronel de las Fuerzas Armadas, Abdelhak Lemdaour.
- Teniente de la Gendermaría, Real Driss Sbai.
- Los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi.
Contra estas siete personas, el juez Pablo Ruz acordó la "busca, detención e ingreso en prisión".
Por otro lado, el juez Ruz también procesa actualmente al coronel Lamarti y a los presuntos "responsables de genocidio" Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que han sido identificados por sus víctimas.
Para estos cuatro casos, el juez solicitó a las autoridades marroquíes que suministren los datos que tengan para lograr su "correcta identificación y filiación".
En cuando a otros ocho imputados, el juez rechazó procesarlos debido a la falta de pruebas y en un caso en particular por prescripción de los delitos que se le atribuían.
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