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La denuncia sobre el caso de corrupción por parte del Grupo México al operar en la mina Aznalcóllar en Sevilla ha ocasionado una inestabilidad política en la región española, lo que podría llevarles a elecciones anticipadas.
El enviado especial de teleSUR a Sevilla, Sergio Rodrigo, informó que el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad española emitió un auto en el que divulgó irregularidades en la concesión atribuida a la empresa minera, lo que ha traído consigo una inestabilidad política que podría desembocar en unas elecciones anticipadas.
Supuestas irregularidades a #GrupoMexico de la concesión de mina #Aznalcollar pueden llevar a elecciones #Andalucia pic.twitter.com/ucDRzfErxy
— Sergio Rodrigo (@SRodrigoteleSUR)
Mayo 15, 2015
Según un tribunal andaluz, la sociedad formada por Grupo México y la empresa española Magtel logró la explotación del yacimiento para los próximos 30 años sin cumplir ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento.
Ecologistas alertan que las “graves irregularidades” en #Aznalcóllar multiplican el riesgo de otra catástrofe pic.twitter.com/QQGq2osaqB
— Sergio Rodrigo (@SRodrigoteleSUR)
Mayo 15, 2015
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Luego de presentado el auto, la nueva presidenta de Andalucía, Susana Díaz, suspendió la concesión al Grupo México hasta que se aclaren los hechos, mientras que el gabinete jurídico de la Junta de esa región determinó a través de un informe que las actuaciones y la resolución del concurso internacional sobre la explotación minera en Aznalcóllar se ajusta a derecho.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta en funciones, Manuel Jiménez Barrios, lamentó tajantemente la politización de este asunto, sobre todo en plena campaña electoral y en medio de las negociaciones para la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta.
EN CONTEXTO
La región de Aznalcóllar, (noroeste de Sevilla), una de las zonas con más desempleo de España, vivió en 1998 una de las peores tragedias medioambientales en la historia reciente del país, cuando un vertido tóxico, procedente de la mina afectó a más de cuatro mil 700 hectáreas de una de las zonas más protegidas en el Parque Nacional de Doñana.
En la actualidad, el suelo y subsuelo de la zona tiene residuos del derrame de residuos tóxicos (arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y zinc) que provocó el cierre de la explotación minera.
En marzo del 2013, la Junta de Andalucía (gobernada por el Partido Socialista Obrero Español –PSOE-) anunció el comienzo del procedimiento administrativo para reabrir la explotación de la mina, para llevar inversión a los pueblos ahogados por el desempleo; lo que despertó la alerta en las organizaciones ecologistas, debido a que luego de 17 años del desastre ecológico la empresa sueca Boliden sigue sin pagar los daños.
