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La Operación Púnica concentra la mayor corrupción en España.

La Operación Púnica concentra la mayor corrupción en España. | Foto: EFE

Publicado 30 julio 2015

Los directivos de la Operación Púnica se han dedicado al lavado de dinero y a la financiación ilegal del Partido Popular (PP) desde su creación. 

La Púnica surgió como un programa de Gobierno para frenar la corrupción en España, pero más tarde se convertiría en un arma de doble filo para sus propios fundadores, quienes se han visto severamente afectados con la autodenominada operación anticorrupción. 

Bajo la excusa de trabajar unidos contra la corrupción que reina en el país europeo, la Púnica no consideró el impacto que tendrían sus acciones contra políticos, funcionarios y gobernantes que respaldan las acciones ilegales dentro del Gobierno español. 

Recientemente, la Guardia Civil incautó cuatro vehículos de gran valor al presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, quien además es conocido por mantener una estrecha amistad con el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

Testigos aseguraron a la  Guardia Civil que Marjaliza se habría beneficiado con contratos millonarios que de acuerdo con el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, supera los 33 millones de euros.  

Sabías que el PP maneja dinero ilícito desde su fundación 

La Púnica arrastra al PP 
Miembros del PP se han visto severamente manchados por las acciones de la Púnica contra la corrupción que es financiada por ellos mismos. Los principales implicados son partidarios del partido gobernante que habían establecido con el poder político a todos los niveles, incluido el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Gobierno Valenciano, diputaciones y un sinfín de Ayuntamientos.

En octubre de 2014 unos 51 políticos, funcionarios públicos y empresarios fueron capturados en la Operación Púnica vinculados a hechos de corrupción, por haber concedido obras públicas por unos 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales que incluyen las regiones de Madrid, Murcia y Valencia.

Ante la noticia, los políticos del Partido Popular mostraron su indignación de manera muy descarada tras considerar que la corrupción debe cesar en el país europeo, siendo ellos los principales responsables del lavado de dinero en esa nación.  

En julio de 2015, el extesorero del Partido Popular (PP) de España, Luis Bárcenas, aseguró que esa organización política ha sido financiada ilegalmente desde su creación en 1982.


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