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Enrique Santiago, el principal asesor jurídico de las FARC.

Enrique Santiago, el principal asesor jurídico de las FARC. | Foto: Semanario Voz

Publicado 31 octubre 2015

En exclusiva, el asesor jurídico de las FARC-EP, señala los puntos pendientes para acabar con el conflicto armado de más de 50 años en Colombia.

Enrique Santiago, analista y jurista español, explicó a teleSUR que las FARC-EP no firmarán en Colombia un acuerdo definitivo de paz hasta que se resuelvan los puntos pendientes en la mesa de diálogos y se den las garantías necesarias. 

Los asuntos pendientes en la mesa de los diálogos de paz, señala el jurista, son las Garantías de no Repetición, la desaparición del paramilitarismo y el cambio de doctrina militar del Ejército colombiano.

“Es imprescindible abandonar la actual doctrina militar, que el Ejército se ocupe de sus tareas, proteger la nación, cuidar la frontera y que la policía se dedique al orden público, las FARC, por su parte se desmovilizarían como fuerza armada”.

Destacó como hito histórico y ejemplar la jurisdicción especial para la paz conocida como justicia transicional, un sistema que intenta ofrecer la verdad de lo ocurrido en el conflicto, que recupere la memoria histórica y combata la impunidad, “lo consagra y sostiene cualquier organismo de derechos humanos, acabar con una impunidad que afecta a agentes del Estado, financistas, instigadores y paramilitares”.

En este sentido, considera que el proceso de paz no es un proceso de juzgamiento contra solo una de las partes, pues hace imposible un acuerdo político de paz.

Lee aquí→ FARC-EP y Gobierno colombiano firman acuerdo de justicia

Desde España, el también dirigente del Partido Comunista Izquierda Unida señaló que si el acuerdo se respeta, se conocerán las responsabilidades de combatientes y no combatientes en caso de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Enfatizó en que no es posible un acuerdo en el que un sector disfrute de impunidad.

El jurista señaló dos de los momentos más difíciles durante los diálogos de paz: el primero, la dificultad de los juristas del Gobierno en aceptar la justicia restaurativa y la reparación de las víctimas, “de nada sirve meter preso al criminal y no reparar los daños causados a las víctimas, de eso se trata el acuerdo”; y un segundo momento el relacionado a la extradición, “ningún grupo guerrillero firmará el acuerdo para salir del país, si lo que se quiere es incorporarse a la vida política de su nación”.

El dato → La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos

En los diálogos de paz correspondientes al ciclo 40 se discutió la justicia transicional, dirigidas a probar mecanismos legislativos con los que se pretende dar cumplimiento al punto seis del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por las partes el 26 de agosto de 2012 en La Habana.

 

Santiago explicó que la justicia recaerá en los responsables y aquellos que ostentan puestos de mando en la guerrilla no son precisamente quienes iniciaron el conflicto, “no corresponde por cadena de mando, precisamente según el informe preliminar de la Corte Penal Internacional quienes más han sido perseguidos y atacados son los miembros de la insurgencia”. 

Destacó que el sistema está pensado para todos los actores, grupos insurgentes, a quienes se les exige haber firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, “sólo de esa manera formarían parte de esta competencia jurídica”.

“Uno pretende conseguir en la mesa de negociaciones lo que no se ha dado en 50 años de guerra”

El abogado puso como ejemplo que si “el Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzara un acuerdo con el Gobierno puede unirse (al acuerdo de justicia transicional) pero es imposible que se generen dos tipos de sistemas para justicia, no pueden coexistir dos jurisdicciones”, apuntó.

Una jurisdicción especial para la paz “también permitirá a los campesinos el uso y disfrute de la tierra, el acceso de los programas sociales del Estado, dar normalidad democrática al campo colombiano, eso es un hito histórico”, consideró.

¿Sanciones a las FARC?


En el marco jurídico por la paz no hay que perder la vista en lo relacionado a las sanciones a los miembros de las FARC-EP porque quedarían inhabilitados para postularse a cargos políticos.

“Nadie se sienta en una mesa si sabe que estará inhabilitado políticamente, ese es uno de los grandes errores, es necesario una amnistía para los que hacen parte de este conflicto”, señaló el abogado.

Preguntas y respuestas sobre el acuerdo de justicia y víctimas

Sostuvo que la amnistía en el Derecho Internacional no solamente no está prohibida, no hay ninguna norma internacional que prohiba las amnistías, lo que se recomienda es la aplicación de amplias amnistías una vez concluidos los conflictos armados.

Asimismo, cree que al Estado colombiano le ha costado asumir que las FARC-EP son una organización guerrillera que ha soportado el Plan Colombia, “y los ataques del Ejército, que es el mayor del sur de América, le ha costado aceptar que las FARC-EP cuentan con un apoyo popular importante, la guerrilla no llegó a la mesa derrotada, el gobierno ha tardado mucho en darse cuenta”.

 

*Enrique Santiago es desde hace un año el asesor jurídico de las FARC para la Mesa de Conversaciones de La Habana, por invitación y auspicio del gobierno noruego

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