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El nuevo tratado será complementario al ACE 35 del Mercosur, acuerdo que actualmente mantienen ambas naciones.

El nuevo tratado será complementario al ACE 35 del Mercosur, acuerdo que actualmente mantienen ambas naciones. | Foto: Jornadaonline

Publicado 2 noviembre 2017



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El tratado permitirá que las empresas argentinas puedan comercializar sus productos con los países con los que Chile mantiene relaciones comerciales. 

El canciller de Argentina, Jorge Faurie, y su homólogo chileno Heraldo Muñoz, firmarán este jueves un Tratado de Libre Comercio (TLC), con el objetivo de mejorar las inversiones y el intercambio de bienes y servicios.

Ambos diplomáticos se reunirán en la sede de la Cancillería, ubicada en la ciudad argentina de Buenos Aires, a las 12H00 hora local junto al embajador de Chile en Argentina, José Viera Gallo, y la directora de Relaciones Económicas de la Cancillería chilena, Paulina Nazal Aranda.

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En materia comercial, Argentina y Chile se rigen en la actualidad por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 35 del Mercado Común del Sur (Mercosur), que está vigente desde 1996. 

Sin embargo, este nuevo tratado será un complemento al del Mercosur, con el fin de modernizar la relación entre ambas naciones y dotar de una mayor certeza jurídica a los operadores comerciales.


Aspectos que abarca el acuerdo

La nueva firma comercial entre ambas naciones sudamericanas plantea eliminar el servicio de roaming para la telefonía móvil, que es considerado un servicio "costoso", así como también facilitar la comercialización de portales electrónicos de un país a otro. 

Asimismo, la ampliación del acuerdo permitirá que los productos argentinos puedan ser distribuidos por todos los países con los que Chile mantiene tratados similares a tasa cero. 

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Según la cancillería chilena otro de los aspectos del tratado será determinar “un marco jurídico más moderno y equilibrado para el desarrollo y la protección de las inversiones, mayor agilidad y certidumbre para el comercio entre ambos países”.

Por último también se establecerá la protección para los inversionistas, en el que no haya discriminación a los proveedores de ambos países, que tengan un trato justo y equitativo, y se puedan realizar transferencias de capitales.

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