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Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). | Foto: EFE

Publicado 3 septiembre 2017

Durante la celebración 32 del Foro de Sao Paulo, la Comisión fue denunciada por usar a Guatemala como laboratorio político. 

Ante los recientes sucesos que se han venido desarrollando en Guatemala, en los que el presidente Jimmy Morales, su familia, y funcionarios del gobierno han sido denunciados por corrupción por el comisionado Iván Velásquez, resulta pertinente analizar el papel que este órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha tenido en el país centroamericano y su relación con Estados Unidos.


 Contextualizando 

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue creada 2006, por solicitud del presidente guatemalteco de entonces, Óscar Berger (2004-2008), ante el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de la ONU.

Los objetivos de la Cicig establecen actuar contra organizaciones clandestinas de seguridad e investigar sus estructuras, modos de financiación y vínculos con el Estado.

>> ¿Quiénes y por qué marchan en Guatemala?

Óscar Berger asumió la presidencia de Guatemala bajo la promesa de recuperar la institucionalidad del país mediante una lucha férrea contra la corrupción.

Fue el candidato ideal de la tradicional élite guatemalteca. Rico empresario, católico, de buena familia, con experiencia en la política como alcalde capitalino, y favorito de los analistas financieros de Estados Unidos.

Con él se abrió un nuevo frente "contra la corrupción" en Centroamérica. 

Mantuvo buenas relaciones diplomáticas con el entonces presidente estadounidense George W. Bush.
Imagen: La Casa Blanca

La Cicig y Estados Unidos

Desde 2008 Estados Unidos ha financiado con aproximadamente 35 millones de dólares la Cicig. En 2015, la entonces vicecanciller de Estados Unidos, Heather Higginbottom, declaraba su respaldo a las actividades que el órgano de la ONU llevaba a cabo en el país centroamericano.  

Higginbottom anunció "el aporte" de cinco millones de dolares a la Comisión para "luchar" contra la corrupción. 

"Mediante el trabajo intrépido y los logros impresionantes del comisionado Iván Velásquez y su equipo, la Cicig ha probado que nadie del gobierno, ni en los más altos niveles está sobre la Ley. También reconocemos el valor y el trabajo conjunto de la Fiscal General Thelma Aldana y el Ministerio Público han demostrado en este proceso”, expreso Higginbottom.

>> Siete claves para entender la crisis política en Guatemala

En días recientes, el Departamento de Estado de EE.UU. expresó estar "profundamente preocupado" por la decisión tomada del presidente Morales. 

Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, exgobernadora republicana de Carolina del Sur, designada por Donald Trump en enero, emitió un comunicado en el cual señala que “Estados Unidos respalda totalmente el trabajo de Iván Velásquez al frente de Cicig” y solicita al Gobierno de Guatemala “permita a Cicig operar sin interferencia” 


Estados Unidos en Guatemala

Desde mitad del siglo XX, Estados Unidos ha intervenido países de América Latina y Centroamérica. La Escuela de Las Américas, Operación Cóndor, Proyecto Camelot, forman parte de esta historia.  

En 1954 el gobierno de Dwight D. Eisenhower dirigió y financió el derrocamiento del presidente  electo democráticamente, Jacobo Arbenz, para entregar el país al ala conservadora de las fuerzas castrenses, cuyo control sobre la sociedad civil persiste medio siglo después.

>> Gobierno de Guatemala insiste en expulsión del jefe de Cicig

La acción encubierta organizada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se tomó por lo menos desde mediados de 1952. Los preparativos de la acción que se denominaría "Operation Success" se iniciaron con gran secreto y sólo un puñado de altos funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de la CIA estaban al tanto de los detalles

Actualmente, la presencia de estas "organizaciones sin fines de lucro" representa un nuevo formato de intervención. La judicialización de funcionarios públicos por estas organizaciones responde a una nueva estrategia que se propone mantener la intervención y el control sobre países latino y centroamericanos.

Intelectuales han denunciado que estos organismos "imparciales" financiados por EE.UU. desestabilizan y socavan la autonomía de los estados soberanos. 


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