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El Ejecutivo argentino presentó un documento de carácter institucional que refuta jurídicamente la denuncia que le hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman y que retomó su colega Gerardo Pollicita.
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, considera que la imputación de la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA es “una estrategia activa de desestabilización”.
“Observamos la presencia de una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo”, remarcando la denuncia planteada en enero pasado por el fallecido fiscal Alberto Nisman “no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad”, con lo cual “lo que se quiere generar es estrépito social” aseguró.
En este sentido, Capitanich mencionó la puja de la “derecha recalcitrante republicana” contra el presidente Barack Obama, en Estados Unidos, el intento de juicio político a la mandataria Dilma Rousseff, en Brasil y “los ya conocidos ataques a los Gobiernos de Venezuela o Bolivia”.
La presentación del informe de la Procuradora del Tesoro de la Nación al juzgado de Daniel Rafeca para refutar la acusación “fue publicada en idioma español e inglés para que tenga trascendencia pública en virtud de estrategias deliberadas tendientes a ocultar lo que verdaderamente ocurrió”.
Por su parte, el Secretario General de la Presidencia de Argentina, Aníbal Fernández, denunció que hay “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática” desde algunos del sector judicial en sintonía con los grupos concentrados de poder político y económicos, además de gremiales.
El funcionario rechazó las denuncias de supuestas presiones desde el Gobierno para que los fiscales no asistan a la marcha del 18, "la libertad la conquistamos entre todos y nadie va a decirle a quién tiene que manifestarse o dejarse de manifestar", agregó.
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