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Publicado 4 agosto 2016



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Canciller ecuatoriano explica que nadie será removido de su cargo por tener dinero fuera del país, si el pueblo decide que para ejercer como servidor público se prohibe dicha práctica el aspirante deberá devolver los bienes a su país

La lucha para frenar el desvío de capitales hacia paraísos fiscales se ha convertido en el principal motor de la Revolución Ciudadana en Ecuador. 

Así lo ratifica el canciller ecuatoriano Guillaume Long, quien afirmó que la propuesta de un referendo popular el próximo 12 de febrero de 2017, no tiene un carácter político-ideológico, por el contrario se trata de un "asunto de conciencia". 

En en declaraciones ofrecidas para el programa "Es noticia" de teleSUR, Long explicó que de aprobarse la propuesta, esta entraría en vigencia después de las elecciones de febrero de 2017.

"Nadie va a ser impedido de ser candidato, puede serlo teniendo el dinero afuera pero si el pueblo dice que no se puede ser presidente, vicepresidente, asambleísta, pues, los aspirantes a los cargos deberán traer el dinero de vuelta a su país en un plazo de un año calendario", dijo. 

El canciller hizo hincapié en la necesidad de crear una articulación sólida con la sociedad civil, organizaciones defensoras de la justicia tributaria, incluso con el Vaticano. "El grupo de los 77 ha mostrado una postura más radical en cuanto a esta funesta práctica, por lo tanto queremos aprovechar dicha posición".

"Desde la cancillería hemos llevado la propuesta hasta el Consejo de las Naciones Unidas en Ginebra"

"Hemos enviado cartas a todos los cancilleres del mundo explicando que se entiende por pacto ético, cual es nuestra intención, estamos yendo a todos los foros internacionales. Igualmente, la sociedad civil tiene un rol fundamental en la protección de los derechos de la humanidad".

Según el diplomático la gobernanza internacional le exige a los países en desarrollo velar por el cumplimiento de las normas en democracia pero muchas naciones "complotan en contra de todo lo que se le exige a nuestros países. Debemos poner fin a estos paraísos íntimamente ligados al terrorismo".

En contexto
Durante un mensaje a la nación el pasado 14 de julio, el presidente Correa anunció la realización de una consulta popular con el objetivo de conocer la opinión de los ecuatorianos con respecto a la tenencia de bienes en paraísos fiscales por parte de funcionarios públicos, la Corte Constitucional tiene un plazo de 20 días para validar la pregunta y notificar al CNE de Ecuador para que proceda con la convocatoria. 
El pasado mes de junio, el presidente Rafael Correa fue el primero en colocar su firma en la carta coordinada por Oxfam (ONG que trabaja para erradicar la pobreza y la injusticia), contra los paraísos fiscales, en ocasión de la cumbre anticorrupción celebrada en Londres. Sin embargo, dicha cumbre no tuvo resultados concretos. 

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