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La Corte Suprema de Connecticut, Estados Unidos, dictaminó este jueves que la pena de muerte en el estado es inconstitucional y prohibió la ejecución de 11 prisioneros que habían sido condenados a ejecución.
El fallo se produce tres años después de que la ordenanza fuese promulgada, y salvaguarda a las personas condenadas a muerte luego de la fecha de abolición de la pena. Sin embargo, permite que quienes cometieron los delitos y recibieron la condena anteriormente, sean castigados con la pena capital.
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El juez Richard Palmer anunció que la mayoría del jurado estaba convencida de que la pena de muerte en el estado, luego del establecimiento de su futura abolición, "ya no concuerda con los estándares modernos de decencia y ya no sirve a ningún objetivo criminológico legítimo".
"Por estas razones, la ejecución de aquellos criminales que cometieron delitos punibles por la pena de muerte después del 25 de abril de 2012, violaría la prohibición constitucional del estado contra castigos crueles y excepcionales", ha añadido.
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Situaciones similares se han producido en otros lugares, como Maryland y Nuevo México donde también han prohibido la pena de muerte en los últimos años.
En otros estados donde recientemente se abolió la pena de muerte, los gobernadores o legislaturas cambian las condenas de los presos en el corredor de la muerte con penas de cadena perpetua sin libertad condicional.
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Lo mismo ocurrió en Nueva Jersey en 2007, Illinois en 2011 y a principios de este año en Nebraska.
