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Los llamados Halcones protegidos por la policía reprimía las marchas. (foto: Archivo)

Los llamados Halcones protegidos por la policía reprimía las marchas. (foto: Archivo) | Foto: Archivo

Publicado 14 octubre 2014

La impunidad que subsiste en el estado de Guerrero, al suroeste de México, viene desde la guerra sucia: confirmó un informe de la organización Comverdad.

Un informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre las secuelas de la guerra paramilitar en el estado de Guerrero (suroeste), México, entre 1969 y 1979, confirmó violaciones a los derechos humanos y explicó la impunidad que persiste actualmente allí.

Así indicaron cinco comisionados a cargo de la investigación que duró 30 meses y quienes darán a conocer este miércoles el reporte de Comverdad, que incluso recoge evidencias sobre vuelos de la muerte en los que militares arrojaron al océano Pacífico a opositores y presuntos insurgentes.

Logramos obtener declaraciones de testigos que hasta ahora no habían declarado, tanto sobrevivientes como pilotos que participaron en esos vuelos, adelantó la penalista Pilar Noriega al diario mexicano La Jornada.

“Fue en el contexto de la guerra paramilitar, pero desde entonces persiste la impunidad en Guerrero, como lo explica el caso de Iguala, donde policías y sicarios asesinaron a seis personas y hay desaparecidos de 43 estudiantes normalistas”, afirmaron los autores de la investigación.

La divulgación oficial de la pesquisa de Comverdad ocurre en un ambiente de tensión social en Chipalcingo, la capital guerrerense, donde la víspera estudiante normalistas, profesores y familiares de los jóvenes desaparecidos ocuparon e incendiaron la sede del Congreso de la entidad.

En esos meses de investigación la comisión sufrió amenazas de muerte, saqueos a sus oficinas, incluso un atentado con armas de fuego contra la vida de dos de ellos.

Según Noriega, el reto central de Comverdad será demostrar que en la década de los años 70 del siglo pasado en México, y especialmente en Guerrero, hubo represión masiva y generalizada y que la serie de esos delitos cometidos por militares, policías estatales y federales constituyen, jurídicamente, crímenes de lesa humanidad.

El informe documenta 463 casos de violaciones al derecho humanitario, que comprenden 24 ejecuciones sumarias, 230 desapariciones forzadas y -algo que ninguna de las averiguaciones previas tomó en cuenta- 205 casos de sobrevivientes de desaparición forzada, es decir, de personas que pasaron largas temporadas en cárceles clandestinas del Ejército y lograron salir con vida.

teleSUR te invita a conocer los detalles del Caso Iguala


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